El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley para la reforma urgente del sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral por 183 votos a favor, según fuentes parlamentarias.

El texto tiene como objetivo conseguir una mayor eficacia y transparencia en la gestión de los recursos empleados y evitar irregularidades en la gestión de fondos públicos, en este caso, ligados al empleo.

El nuevo modelo de sistema de formación profesional se aplicará a todas las Administraciones Públicas y junto con las instituciones nacionales y las regionales, los agentes sociales participarán en la planificación y programación de la formación pero no en su gestión directa.

En la modalidad de formación de demanda o bonificada, que responde a las necesidades específicas de empresas y trabajadores, cada empleado contará, como novedad, con una cuenta de formación para certificar los conocimientos recibidos durante su vida laboral. También se hará una planificación estratégica plurianual para que la formación se adecúe a las necesidades del mercado laboral español en cada momento y se fomentará la teleformación, para aumentar la flexibilidad, y la formación permanente dentro de la empresa, en especial, se impulsará en las de tamaño pequeño y mediano.

En el modelo de formación de oferta o subvencionada, la gestión se realizará en régimen de concurrencia competitiva para que los centros accedan a las convocatorias en igualdad de condiciones y serán elegidos en función de su calidad. En estos casos, sólo se anticipará un 25% de los fondos a los centros, que hasta ahora se permitía hasta el 100%, y queda prohibida la subcontratación. Para los desempleados destaca la puesta en marcha de un "cheque-formación" con el que la persona parada podrá elegir el centro donde se quiere formar y la Administración a la que corresponda pagará al centro escogido.

Además, para la lucha contra el fraude se aprueba un nuevo régimen que eleva las sanciones para las empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos y se creará una Unidad Especial dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción por irregularidades. Por otra parte, la evaluación será permanente para conocer el impacto y resultados de la formación en el tejido laboral de España.