Una trabajadora demandó a la empresa el abono de una indemnización
de daños y perjuicios por el retraso en la admisión de su solicitud de acceso a
la pensión de jubilación parcial anticipada. Ese derecho se reconocía en el CCol
de la industria metalúrgica de Cantabria aplicable, y la trabajadora había realizado
su solicitud con un año de anticipación. El empresario justificaba la demora de
70 días en la tramitación de los contratos de relevo y a tiempo parcial de la demandada
en los dos siguientes argumentos: la espera en conocer la renovación de la contrata
y la dificultad de encontrar un perfil semejante a la jubilada parcial. La trabajadora
cuantificaba el daño en 6.851,64 €, resultante de cuantificar las horas trabajadas
en exceso durante esos 70 días de retraso, valorándolas como horas extraordinarias.

En instancia se desestimó íntegramente la demanda y se consideró
que no había obligación indemnizatoria, por la escasa duración de la demora y la
ausencia de obligación empresarial.

En suplicación se admite el recurso de la trabajadora con base
en los siguientes argumentos:

1. Sí existe obligación empresarial reconocida convencionalmente:
«a petición del trabajador y previo aviso con un antelación temporal en función
del grupo profesional, el trabajador tiene derecho a que la empresa le sustituya
mediante un contrato de relevo, una vez alcanzada la edad que establece la normativa
vigente.» Por lo que no es aplicable la jurisprudencia relativa a supuestos donde
no existe tal obligación.

2. La empresa incumplió su obligación de facilitar mediante las
novaciones y contrataciones oportunas la jubilación parcial solicitada con una anticipación
de un año. La empresa es responsable por la demora debida a su imprevisión. Las
razones aludidas no son convincentes, pues el relevista no tiene que ocupar el mismo
puesto del trabajador relevado, sino que sirve con cierta identidad de las bases
de cotización y la similar categoría o grupo profesional.

3. El empresario no se ha opuesto frontalmente a los cálculos
realizados para cuantificar la indemnización solicitada. El tribunal entiende que
su determinación no es ni arbitraria, ni desproporcionada, por lo que estima íntegramente
el recurso y obliga a su abono.

STSJ Cantabria (Social) de 4 abril de 2019. EDJ 2019/550492​