La publicidad engañosa contiene información falsa o presenta información verdadera de forma capaz de inducir a error y alterar decisiones económicas; también puede consistir en ocultar datos esenciales. Pueden reclamar los afectados con la legitimación correspondiente a cada acción. Una empresa puede incurrir en deslealtad sin intención de engañar: la valoración es objetiva. Eso no significa que toda conducta genere automáticamente una multa o indemnización. Para reclamar daños deben concurrir sus requisitos específicos. Revisar precios, condiciones, comparaciones y reseñas antes de publicar reduce riesgos y facilita defender después la campaña ante una reclamación.
La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal —LCD— establece reglas de corrección de las conductas en el mercado. Su protección no se limita a resolver conflictos entre competidores: también comprende los intereses económicos de consumidores y usuarios. Por eso una campaña dirigida al público puede plantear simultáneamente cuestiones de competencia desleal, publicidad y consumo.
Para utilizarla en 2026 no debe acudirse a su redacción original. Entre sus modificaciones relevantes figuran la Ley 29/2009, que reforzó la protección de consumidores, y el Real Decreto-ley 24/2021, que incorporó prácticas relacionadas con búsquedas y reseñas digitales. La regulación de los secretos empresariales cuenta, además, con el régimen específico de la Ley 1/2019.
El artículo 4 LCD considera desleal el comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. No exige, como regla general de calificación, demostrar una intención subjetiva de perjudicar. Por tanto, una pequeña empresa puede realizar una conducta desleal por una campaña mal diseñada aunque creyera actuar correctamente. La indemnización, en cambio, exige dolo o culpa y los restantes presupuestos de responsabilidad.
En las relaciones con consumidores, el artículo 4 atiende a la diligencia profesional y a la capacidad de distorsionar significativamente sus decisiones económicas. Cuando una práctica afecta especialmente a un grupo vulnerable, la valoración se realiza desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo.
La competencia desleal examina la corrección de las conductas comerciales. La defensa de la competencia protege el funcionamiento competitivo del mercado frente a prácticas como los acuerdos colusorios y el abuso de posición dominante. Las acciones civiles del artículo 32 LCD no deben confundirse con la actuación sancionadora de las autoridades de competencia ni con las reclamaciones de daños por ilícitos antitrust.
El artículo 5 LCD comprende información falsa y también información verdadera cuya presentación pueda inducir a error sobre aspectos relevantes: características, disponibilidad, precio, resultados o cualificaciones del empresario. El artículo 7 comprende la ocultación de información necesaria y su presentación ambigua, incomprensible o tardía. Por ejemplo, anunciar una cuota reducida ocultando un coste obligatorio puede resultar engañoso.
El artículo 6 LCD permite actuar frente a comportamientos que generan riesgo de confusión sobre el origen empresarial. Puede afectar al nombre de dominio, el envase o la presentación comercial. Utilizar una marca distinta no elimina necesariamente el riesgo si el conjunto sigue haciendo pensar que existe una conexión con otra empresa.
El artículo 9 LCD resulta relevante cuando se difunden manifestaciones que desacreditan a otra empresa o sus prestaciones. No toda crítica comercial es ilícita: importan la exactitud, la pertinencia, la proporcionalidad y el contexto. Afirmar falsamente que un competidor presta servicios deficientes puede justificar medidas de cesación, rectificación e indemnización cuando concurran sus requisitos.
La comparación pública puede ser lícita conforme al artículo 10 LCD. Debe referirse a bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades y comparar objetivamente características esenciales, pertinentes, verificables y representativas. No puede engañar, denigrar ni aprovechar indebidamente la reputación ajena.
El artículo 11 LCD parte de la libertad de imitación, salvo derechos de exclusiva y supuestos específicos de deslealtad, como el riesgo de asociación o el aprovechamiento indebido de reputación o esfuerzo ajenos. La mera semejanza con un producto exitoso no basta: deben examinarse las circunstancias concretas y la diferenciación comercial.
Por su parte, el artículo 12 LCD protege frente al aprovechamiento indebido del prestigio conseguido por otro operador. Este comportamiento no necesita producir confusión: puede ser desleal beneficiarse injustificadamente de la reputación ajena aunque el comprador distinga ambos productos.
La obtención, utilización o revelación ilícita de secretos empresariales tiene un régimen específico. Entre los comportamientos relevantes están copiar sin autorización archivos reservados o utilizar información incumpliendo una obligación de confidencialidad. Las acciones y sus plazos deben analizarse conforme a la Ley 1/2019, sin trasladar automáticamente las reglas generales de la LCD.
El artículo 14 LCD contempla la inducción a la infracción contractual. Sin embargo, captar clientes o contratar trabajadores de otra empresa no demuestra por sí solo una actuación desleal. Debe acreditarse el comportamiento concreto y las circunstancias que justifican su calificación, sin confundir la competencia legítima con el uso indebido de información o medios ajenos.
La presión comercial puede traspasar los límites de la persuasión. En el ámbito del artículo 8 LCD, por ejemplo, se consideran agresivas determinadas ofertas de servicios de protección de datos que coartan la decisión del destinatario mediante amenazas de sanciones o aparentan proceder de la autoridad de control. También requieren atención las propuestas comerciales no solicitadas y persistentes.
Los ejemplos siguientes son hipotéticos; su calificación depende del contexto.
| Acto | En qué consiste | Ejemplo |
| Engaño, artículo 5 LCD | Información falsa o presentada de forma capaz de inducir a error. | Atribuir al producto una certificación inexistente. |
| Omisión engañosa, artículo 7 LCD | Ocultar o presentar inadecuadamente información necesaria. | Esconder un suplemento obligatorio del precio anunciado. |
| Confusión, artículo 6 LCD | Generar riesgo de confusión sobre el origen empresarial. | Usar un dominio y una presentación próximos a los de otra empresa del sector. |
| Denigración, artículo 9 LCD | Desacreditar mediante manifestaciones comercialmente ilícitas. | Difundir afirmaciones falsas sobre la calidad del servicio rival. |
| Comparación desleal, artículo 10 LCD | Comparar incumpliendo las condiciones legales. | Contraponer precios sin reflejar diferencias esenciales de prestaciones. |
| Imitación desleal, artículo 11 LCD | Imitar concurriendo circunstancias específicas de deslealtad. | Copiar una prestación generando asociación evitable con su origen. |
| Explotación de reputación, artículo 12 LCD | Obtener injustificadamente ventajas del prestigio ajeno. | Promocionarse mediante referencias que aprovechan indebidamente una marca reputada. |
| Violación de secretos | Obtener, utilizar o revelar ilícitamente información empresarial protegida. | Copiar archivos reservados para utilizarlos en otro negocio. |
| Inducción contractual, artículo 14 LCD | Promover infracciones contractuales en circunstancias desleales. | Una captación acompañada de utilización indebida de información confidencial. |
| Práctica agresiva, artículo 8 LCD | Coartar indebidamente la decisión comercial. | Vender servicios aparentando actuar por cuenta de la AEPD y presionando con sanciones. |
La publicidad engañosa es una modalidad de publicidad ilícita. Su valoración se realiza principalmente mediante los artículos 5 y 7 LCD y las reglas sobre prácticas engañosas con consumidores. Lo decisivo no es únicamente si cada frase es literalmente verdadera, sino si el mensaje puede inducir a error e influir en una decisión económica.
La información secundaria no neutraliza necesariamente un reclamo principal equívoco. Si se anuncia una prestación como ilimitada, una restricción relevante escondida o insuficientemente destacada puede convertir el mensaje en engañoso.
Ofertas y descuentos. En las ofertas de artículos con reducción de precio debe mostrarse claramente el precio anterior junto al reducido. Como regla general, el precio anterior es el menor aplicado a productos idénticos durante los treinta días precedentes. El porcentaje anunciado debe calcularse sobre esa referencia, no sobre un precio artificialmente elevado. Existen particularidades para productos nuevos y determinadas reducciones próximas a la caducidad o consumo preferente.
Precios incompletos. El artículo 20.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios —TRLGDCU— exige informar del precio final completo, incluidos impuestos y gastos adicionales. Si objetivamente no puede calcularse con anticipación, debe explicarse su base de cálculo o la existencia de esos gastos.
Reseñas y valoraciones. El artículo 27 LCD incluye las reseñas falsas entre las prácticas engañosas. Además, el artículo 20.4 TRLGDCU exige explicar si se garantiza que las opiniones proceden de personas que han adquirido o utilizado el producto y cómo se procesan. No basta con presentar un sello de autenticidad sin explicar su funcionamiento.
La regulación del artículo 20.4 también contempla que las reseñas se refieran a productos o servicios adquiridos o utilizados en los treinta días naturales anteriores, permite responder por el mismo canal y prevé solicitar la eliminación de determinadas reseñas falsas o engañosas con la acreditación exigida.
Afirmaciones sin respaldo. Prometer resultados o atribuir premios, certificaciones o propiedades inexistentes puede constituir engaño. La revisión debe comprobar tanto la prueba disponible como su correspondencia con el mensaje: un estudio sobre un producto distinto no acredita automáticamente las propiedades del anunciado.
Una comparación defendible identifica qué productos se comparan, qué característica se mide y qué datos permiten comprobar el resultado. Por ejemplo, puede compararse el precio de prestaciones equivalentes, evitando ocultar diferencias que alteren la impresión global. No existe una obligación general de incluir a todos los competidores ni todos los productos, pero la selección no puede convertir el mensaje en engañoso.
La legitimación depende de la acción ejercitada y del interés afectado. En publicidad ilícita, el artículo 33 LCD permite actuar a personas con un interés legítimo en los términos legalmente previstos. En una reclamación por perjuicios sufridos por una sociedad, no debe confundirse la posición de esta con la de sus socios: ser socio no convierte automáticamente en propio el daño empresarial.
En cuanto a la parte demandada, el artículo 34 LCD exige identificar a los sujetos a quienes se atribuye la conducta. La participación efectiva importa: una agencia que modifica y difunde contenidos falsos puede responder por sus propios actos. No conviene dirigir reclamaciones indiscriminadas sin individualizar comportamientos y responsabilidades.
El artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores debe distinguirse del régimen general del mercado. El pluriempleo no está prohibido por sí mismo, pero la actividad efectivamente concurrente, sin consentimiento y con perjuicio real o potencial, puede vulnerar los deberes laborales. La gravedad y culpabilidad pueden justificar un despido disciplinario conforme al artículo 54.2.d).
Cuando la reclamación deriva del incumplimiento de obligaciones del contrato de trabajo, puede corresponder al orden social. No debe presumirse que todo conflicto con un empleado o exempleado es un litigio civil de competencia desleal.
El artículo 32 LCD permite solicitar la declaración de deslealtad, la cesación o prohibición de la conducta, la remoción de sus efectos y la rectificación de información engañosa, incorrecta o falsa. Según la acción estimada, puede acordarse la publicación total o parcial de la sentencia a costa del demandado.
El resarcimiento no es automático: exige dolo o culpa, daño y relación causal. La acción de enriquecimiento injusto tiene un ámbito específico, ligado a la lesión de una posición amparada por un derecho de exclusiva u otro de contenido económico análogo. Una indemnización civil no equivale a una multa administrativa.
Cuando la conducta constituye una infracción de consumo, el artículo 49 TRLGDCU establece los siguientes rangos generales. No existe una multa fija por cada anuncio engañoso: la cuantía depende de la calificación y de las circunstancias.
| Calificación | Multa general | Posible superación por beneficio ilícito |
| Leve | De 150 a 10.000 euros | Hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito. |
| Grave | De 10.001 a 100.000 euros | Hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito. |
| Muy grave | De 100.001 a 1.000.000 de euros | Hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito. |
En los supuestos del artículo 49.5, vinculados al mecanismo europeo de cooperación, el máximo para infracciones muy graves equivale al 4 % del volumen de negocio anual en España o en los Estados miembros afectados; si esa información no está disponible, el máximo puede alcanzar dos millones de euros. No es el régimen automático de cualquier campaña.
Debe comprobarse también la legislación autonómica aplicable. El artículo 46.11 TRLGDCU permite desarrollar y ampliar las sanciones y los plazos estatales en los términos que establece.
Conforme al artículo 35 LCD, las acciones prescriben al año desde que pudieron ejercitarse y el legitimado conoció a quien realizó el acto; en cualquier caso, a los tres años desde la finalización de la conducta. En comportamientos continuados o reiterados hay que individualizar actos y fechas, sin aplicar mecánicamente una única fecha inicial.
Existen especialidades para acciones en defensa de intereses generales, colectivos o difusos de consumidores. Los secretos empresariales tienen, además, un plazo propio de tres años desde el conocimiento de la identidad del causante de la violación. Estas reglas civiles no deben confundirse con la prescripción de infracciones y sanciones administrativas.
Conviene comenzar por identificar el mensaje o comportamiento exacto, su autor, el contexto y las fechas. Como pauta práctica, debe conservarse la campaña completa —no solo una frase—, las condiciones accesibles al destinatario y los documentos que permitan acreditar autenticidad y alcance. Si se reclaman daños, habrá que justificar su existencia y conexión con la conducta: perder clientes no demuestra por sí solo que el competidor haya actuado deslealmente.
Si la empresa recibe una acusación, resulta útil preservar las versiones publicadas, los datos de precios y las pruebas que sustentan sus afirmaciones antes de modificar la campaña. La defensa debe explicar el mensaje en su conjunto y sus fundamentos, no limitarse a afirmar que no existió intención de engañar.
Una reclamación extrajudicial puede concretar el contenido discutido y proponer retirada, modificación, rectificación o reparación. Para las demandas civiles y mercantiles sujetas al requisito de procedibilidad introducido por la Ley Orgánica 1/2025, debe documentarse el intento previo de negociación. Un simple requerimiento unilateral no debe confundirse automáticamente con una actividad negociadora suficiente.
En acciones individuales promovidas por consumidores, la reclamación previa a la empresa contratante puede satisfacer ese requisito en las condiciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 1/2025. La vía concreta debe adaptarse a la acción, las partes y las especialidades aplicables.
Si no se alcanza una solución, pueden ejercitarse las acciones civiles correspondientes. Cuando exista urgencia, cabe valorar medidas cautelares, cuya procedencia exige justificar sus presupuestos: no se conceden automáticamente por denunciar publicidad engañosa.
La veracidad de una campaña no resuelve por sí sola su cumplimiento en protección de datos. El tratamiento de datos personales necesita una base jurídica adecuada y medidas que permitan demostrar el cumplimiento. El consentimiento no puede imponerse para finalidades ajenas a la relación contractual en los términos del artículo 6.3 de la Ley Orgánica 3/2018.
En las newsletters, los artículos 21 y 22 LSSI establecen reglas específicas. Como regla general, el envío requiere solicitud o autorización previa. La excepción por relación contractual anterior exige datos obtenidos lícitamente y comunicaciones sobre productos o servicios propios similares a los contratados, con oposición sencilla y gratuita desde la recogida y en cada mensaje.
Las cookies sujetas a consentimiento requieren información clara y completa previa. El artículo 22.2 LSSI exceptúa determinados usos estrictamente técnicos o necesarios para prestar un servicio expresamente solicitado; no todas las cookies quedan bajo la misma regla.
Sí, si se cumplen las condiciones del artículo 10 LCD: finalidad equivalente, comparación objetiva y características esenciales, pertinentes, verificables y representativas. No puede utilizarse la comparación para engañar, denigrar o explotar indebidamente la reputación ajena.
Si se utiliza como práctica comercial, puede quedar comprendida en las prácticas engañosas del artículo 27 LCD y dar lugar a las acciones correspondientes. No toda opinión negativa es falsa: deben examinarse su contenido, procedencia y contexto. El artículo 20.4 TRLGDCU contempla mecanismos de respuesta y solicitud de eliminación con la acreditación exigida.
Puede reclamar, pero la semejanza no determina por sí sola el éxito de la acción. Deben examinarse los derechos de exclusiva y los requisitos del artículo 11 LCD, como el riesgo de asociación o el aprovechamiento indebido. La libertad de imitación sigue siendo el punto de partida fuera de esos límites.
Sí. La regla general del artículo 35 LCD combina el plazo de un año desde que la acción pudo ejercitarse y se conoció al autor con el de tres años desde el fin de la conducta. Hay especialidades y, en actos continuados o sucesivos, el cómputo exige analizar cada comportamiento.
No. La publicidad engañosa es una modalidad de publicidad ilícita, pero esta categoría es más amplia. También puede resultar ilícita la publicidad que infrinja las reglas específicas de determinados bienes o servicios. Una campaña no queda validada únicamente porque sus afirmaciones sean verdaderas.
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