No obstante, según ha informado este jueves CC.OO., quedan pendientes todavía 1.374 convenios denunciados entre el 1 de enero de 2016 y el 7 de julio de 2012, fecha ésta última en la que entró en vigor la reforma laboral, que limitaba la ‘ultraactividad’ a un plazo máximo de un año. Estos convenios pendientes afectan a 2.067.661 trabajadores.

Sindicatos y empresarios están realizando un seguimiento "pormenorizado" de los convenios denunciados, y tienen previsto hacer una nueva evaluación de la situación mañana mismo, durante una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (2012-2014).

Según ha destacado CC.OO., la firma de centenares de acuerdos para la renovación y/o prórroga de los convenios "está consiguiendo frenar en parte la amenaza" que para la pervivencia de los convenios implica el límite legal de la ‘ultraactividad’ y "la actitud ventajista de una parte del empresariado español".

En este punto, el sindicato de Ignacio Fernández Toxo critica la actitud de la patronal vasca del metal, Adegui, y de otras organizaciones patronales "que parecen haber optado por provocar la extinción de muchos convenios colectivos, especialmente los sectoriales, como vía para profundizar aún más en la devaluación salarial y de las condiciones de trabajo".

Estos comportamientos, advierte CC.OO., provocarán "una espiral de conflictividad y judicialización de las relaciones laborales", sin tener en cuenta además las consecuencias que puede tener el decaimiento de los convenios sobre instituciones públicas como la Seguridad Social y la Hacienda Pública o sobre el desarrollo de la formación continua.

Llamamiento sindical para evitar que decaigan convenios

Por todo ello, CC.OO. ha hecho un llamamiento para eliminar este riesgo por completo "o minimizarlo al máximo" mediante la consecución de nuevos acuerdos en todos los ámbitos y con el respaldo de la movilización de los trabajadores.

"CC.OO. no dejará pasar sin respuesta firme y con todos los instrumentos legales existentes cualquier acción unilateral de patronales o empresas que pretenda laminar los salarios y los derechos laborales conseguidos con el esfuerzo colectivo a lo largo de muchos años", subraya el sindicato.

En este sentido, la central sindical insta a extender acuerdos territoriales, como los recientemente firmados en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, o pactos sectoriales, como el firmado con la Federación Regional de Municipios de Castilla y León, para dar estabilidad a los convenios y buscar fórmulas para solventar los bloqueos de la negociación, recurriendo en su caso a los sistemas autónomos de solución de conflictos.

Asimismo, CC.OO. advierte de que estos no son los únicos convenios pendientes de renovación, puesto que muchos otros están en negociación aunque no conste denuncia oficial, debido a que incluyen una cláusula de denuncia automática u operan con denuncia directa entre las partes.

"Entre estos casos hay muchos convenios sectoriales muy significativos por el volumen de trabajadores que incluyen en su ámbito, por lo que se estima en torno a un millón de personas más quienes pueden estar pendiente del cierre de la negociación de su convenio", añade CC.OO.

Se necesitan más datos sobre los "descuelgues"

Por otro lado, el sindicato ve necesario que la estadística oficial vaya ampliando el tratamiento de los datos básicos de las inaplicaciones de convenio para que se pueda tener una visión más completa de cómo se han establecido, con quién se ha negociado el acuerdo, materias de las que se descuelgan, duración de la inaplicación, tipo de convenio de los que se descuelga y actividad económica de las empresas.

En su opinión, el hecho de que la norma legal no haya previsto que estos acuerdos deban ser objeto de publicación oficial y de control de legalidad "limita mucho las posibilidades de verificar si se están llevando a efecto descuelgues de convenios sin las suficientes garantías en el procedimiento y excediendo los límites legales".

En este sentido, CC.OO. ha subrayado que pedirá al Ministerio de Empleo que, en el balance de la reforma laboral que presentarán próximamente, se incluya la evaluación de los efectos económicos y otras condiciones de trabajo de todas las inaplicaciones presentadas ante las autoridades laborales.

Dicha evaluación, prosigue el sindicato, "debe realizarse con más rigor del empleado hasta ahora por la titular del Ministerio, Fátima Báñez, cuando valora los descuelgues de convenios como beneficiosos para los trabajadores afectados porque con ellos se ha evitado, en su opinión, la pérdida de empleo".