Según CSI-F, la decisión del Supremo, fechada el pasado 26 de septiembre, supone una "importante victoria" para su sindicato y un "aviso" al resto de gobiernos, ya que el Alto Tribunal ha refrendado que las medidas de planificación en materia de recursos humanos deben ser objeto de negociación con los sindicatos.

"Este auto va a marcar un antes y un después en las relaciones laborales", ha declarado CSI-F, cuyo gabinete jurídico va a analizar las implicaciones jurídicas de esta sentencia para defender los intereses de los trabajadores de las diferentes administraciones que se han visto afectados por recortes "unilaterales" en sus condiciones de trabajo.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, ratificada ahora por el Supremo, anula el acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno de La Rioja el 29 de diciembre de 2011 y que, según CSI-F, ha supuesto la pérdida de cientos de puestos de trabajo.

El fallo establecía que los ajustes contenidos en dicho acuerdo (jubilaciones forzosas, amortización de plazas, recortes salariales) debían ser objeto de negociación previa en la Mesa General de Negociación, en lugar de convocar a los sindicatos el día antes de su publicación en el Boletín Oficial y sólo con el objeto de informarles de su contenido.

El Gobierno de La Rioja recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha desestimado el recurso, obligando a la Administración a pagar costas.

En su auto, el Supremo señala que el recurso del Gobierno de La Rioja está mal planteado y que no se cumplen los requisitos para recurrir la supuesta aplicación indebida del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece que todas las cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos deben ser negcoiadas con los sindicatos.

El acuerdo que adoptó el Gobierno de La Rioja, y sobre el que deberá dar marcha atrás, afectaba a los años 2012 y 2013 y, entre otras medidas, prohibía las modificaciones en plantilla que conllevaran un aumento de los gastos, apuntaba a la amortización de plazas por cierre o agrupación de centros, establecía jubilaciones forzosas, limitaba la contratación temporal y los funcionarios interinos y prohibía prácticamente las contrataciones de obra o servicio en el Servicio Riojano de Salud.

Según CSI-F, las decisiones del Gobierno riojano se han traducido en la amortización de cerca de un centenar de plazas de funcionarios jubilados, el cierre de una escuela infantil, de una residencia universitaria y de varios centros de enseñanza del profesorado, la unificación de varios institutos, y la jubilación forzosa de funcionarios mayores de 65 años.