La Comisión Europea ha propuesto reducir un 5% la plantilla de 55.000 personas de todas las categorías que trabajan en la actualidad en las diferentes instituciones europeas, es decir, unos 2.750 puestos menos, aumentar su jornada laboral de las actuales 37,5 horas semanales de media hasta las 40 horas y retrasar la edad de jubilación de su personal de los actuales 63 a 65 años de aquí a 2020 con el objetivo de lograr 1.000 millones de euros en ahorro de personal.

La Comisión Europea también propone crear una nueva cláusula de excepción para permitir que las instituciones europeas puedan encarar mejor una crisis económica como la actual y complementar esta cláusula con la introducción de un nuevo gravamen de solidaridad del 5,5%, que sería aplicable a partir del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, tanto a los salarios como a las pensiones.

Con el objetivo de ahorrar costes a largo plazo, la Comisión también ha propuesto un cambio en el método de cálculo para ajustar salarios y pensiones. Bruselas propone en este sentido que el poder adquisitivo del personal comunitario se calcule a partir de la cesta de la compra nacional media de diez países en lugar de los ocho actuales y ajustar el coste de vivir en Bruselas a partir del índice de inflación nacional de Bélgica y Luxemburgo y no como hasta ahora con el índice internacional de Bruselas.

La Comisión Europea también propone aumentar la edad mínima para la jubilación anticipada con reducción prevista de su pensión de los actuales 55 a 58 años, el mismo aumento para el personal que mantiene su pensión completa aunque se limitará a la mitad de las personas que ahora se benefician de este segundo régimen, unas 80 personas en la actualidad, según han informado fuentes del Ejecutivo comunitario. También quiere aumentar la edad de jubilación de los actuales 63 a 65 años y propondrá incentivos para que el personal encuentre atractivo prolongar su periodo activo hasta los 67 años.

La Comisión Europea también propone limitar de los actuales seis a dos días por año los días libres que se puede coger el personal comunitario para viajes personales.

Bruselas confirma sin embargo que mantendrá la prima del 16 por ciento sobre el salario base para los funcionarios europeos destinados en el extranjero porque considera que resulta necesario para atraer a los mejores candidatos a las instituciones europeas.

Los salarios del personal que trabaja en las instituciones comunitarias varía desde el salario mínimo de 1.500 a 16.000 euros mensuales, dependiendo de la categoría y puesto. Los sueldos hasta los 1.938,92 euros mensuales tributan al 8%, mientras que los más elevados, es decir los superiores a 6.938,39 euros tributan al 45%. El 11,6% del sueldo medio contribuye en la actualidad a su esquema de pensión.

La Comisión Europea ha descartado proponer una nueva bajada de los salarios de los funcionarios y personal de las instituciones europeas porque recuerda que ya se bajaron en la anterior reforma del reglamento del personal comunitario en 2004. El recorte del suelo medio en 2010 se situó en el 0,3% del salario.

La reforma de 2004 se ha traducido según Bruselas en un ahorro de 3.000 millones de euros y producirá un ahorro adicional de 5.000 millones de euros de aquí al 2020. Los nuevos cambios propuestos ahora se traducirían en un ahorro de 1.000 millones, aunque el Ejecutivo comunitario confía en que ambas reformas produzcan un ahorro total de 25.000 millones de euros entre 2009 y 2025 y otros 1.000 millones de ahorros anuales a partir de entonces.

El presupuesto destinado a gastos administrativos en la Unión Europea representa el 6% del presupuesto comunitario total y la mitad de este presupuesto se va en suelos y pensiones en la actualidad y la Comisión Europea ha propuesto congelar el gasto administrativo de las instituciones europeas de aquí hasta el 2020, en línea con las exigencias de Reino Unido, Alemania y Francia. Según la propuesta inicial de presupuesto comunitario 2014-2020, los gastos administrativos de las instituciones comunitarias ascenderán a 50.400 millones.

La Comisión Europea propondrá propuestas legislativas concretas para detallar estos cambios "en meses" y en todo caso antes de que acabe el 2011. Los Veintisiete y el Parlamento Europeo tendrán que dar su visto bueno a la propuesta de recortes del Ejecutivo comunitario.