Durante el acto de clausura de la XVIII Intermunicipal del PP celebrado este sábado en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha dado a conocer el auto emitido por el Tribunal de Cuentas, el cual "demuestra la necesidad de la regeneración democrática", recordando que desde el PP "se ha denunciado el escándalo de los ERE desde hace meses", ya que se trata del "mayor escándalo de la historia económica, política y social de Andalucía".

En este sentido, Sanz ha criticado que "algunos se han empeñado en decir que era un capricho" de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, "o una obsesión del PP por ir contra el PSOE", pero ahora el auto emitido por el organismo fiscalizador demuestra que "en Andalucía ha ocurrido un caso muy grave, que no era un capricho ni obsesión de nadie".

A su juicio, el Tribunal de Cuentas "deja claro que se ha permitido que, desde la Junta, se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, para dar ayudas a ayuntamientos del PSOE o a empresas amigas del PSOE, para pagar campañas de publicidad de la Junta o para comprar medios de comunicación afines al PSOE", todo ello, según ha aseverado, "sin control, publicidad ni norma".

"FRAUDE MONUMENTAL"

"Se trata de un fraude monumental", ha añadido, señalando que, según el auto del Tribunal de Cuentas, "hay indicios de que no sólo estamos ante un escándalo de responsabilidad política, sino también de importante responsabilidad penal".

Al hilo, ha recordado que "hoy la pregunta es qué Consejería de la Junta no está manchada de corrupción", pues "a las de Economía, Innovación y Empleo, que están manchadas por el escándalo de los ERE falsos, las pensiones ilegales y los fondos de reptiles, en una semana hemos sumado la de Educación, con un fraude de facturas falsas en la construcción de colegios que no eran verdad, y la de Medio Ambiente, con el escándalo del águila imperial y los huevos".

En el auto dictado el 24 de junio por el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo explica que, "de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 7/1988 de 5 de abril, compete a la Sección de Enjuiciamiento proponer a la Comisión de Gobierno el nombramiento de instructor cuando los hechos sean supuestamente constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos, tanto si su conocimiento procede del examen y comprobación de cuentas, como si es consecuencia de una gestión de aquellos que hubiera tenido lugar al margen del proceso normal de rendición de cuentas al Tribunal".

SISTEMA DE AYUDAS A EMPRESAS EN CRISIS

De este modo, señala que, en su escrito, el PP "hace referencia a supuestas irregularidades en la concesión de ayudas con fondos públicos de la Consejería de Empleo", añadiendo que, "de acuerdo con su argumentación, se estableció un sistema de ayudas a empresas en crisis para evitar los procedimientos administrativos y las limitaciones legales que eran aplicables a esas ayudas, que acabó en un uso fraudulento de esos fondos".

El escrito del PP "describe muy detalladamente que, anualmente, entre 2001 y 2009 se incorporaron partidas a los presupuestos de la Consejería para que fueran transferidas, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, con base en un convenio marco y, posteriormente, en una serie de convenios particulares, al Instituto de Fomentos de Andalucía (IFA)". Según la argumentación del PP, agrega, "por esta entidad se otorgaron estos fondos como ayudas a empresas en crisis, sin la concurrencia y publicidad adecuadas, dando lugar a que, en realidad, los fondos públicos fueron utilizados, fraudulentamente, para beneficiar a determinados alcaldes, altos cargos y personas concretas".

Tras ello, recuerda igualmente que el escrito del PP "también describe otras múltiples posibles irregularidades en su realización –en la elaboración y contenido de los estados contables de las distintas entidades, deficiencias en los procedimientos y en los órganos intervinientes, inexistencia de trámites reglados o deficiencias en la publicidad–, apoyando además toda esta argumentación en la amplia documentación adjuntada al escrito de acción pública".

Todo lo anterior, según el Tribunal de Cuentas, "pone de manifiesto, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los caudales públicos, por lo que resulta conveniente acometer una investigación de estos hechos que permita su concreción y, en su caso, el posterior ejercicio de las acciones procedentes ante esta jurisdicción", por lo que "procede proponer a la Comisión de Gobierno del Tribunal el nombramiento de un delegado instructor que practique las diligencias de averiguación".