Según informan fuentes municipales, el Pleno del consistorio aprobó el martes una moción presentada por ICV-EUiA –con el apoyo del PSC, CiU y PxC y el rechazo parcial del PP– que pide la suspensión de los desahucios de la residencia habitual hasta que no se promueva una nueva normativa hipotecaria.

El Ayuntamiento se compromete a no trabajar con los bancos que desahucien a sus clientes por no poder pagar las hipotecas como medida de presión para que las entidades financieras tengan más sensibilidad con las personas que están en peligro de perder su vivienda y que se encuentran en "absoluta indefensión", según informa el consistorio.

El cese de las operaciones financieras tendrá carácter inmediato para aquellos productos que no estén sujetos a ningún tipo de penalización en caso de rescindir el contrato.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha acordado pedir al juez decano del partido judicial que haga llegar mensualmente a los servicios sociales municipales una relación de los procesos judiciales que podrían acabar en desahucio de las personas demandadas y asesorar a los afectados por los procesos de ejecución hipotecaria.