La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha denunciado este jueves que el Ministerio de Justicia ha creado un fichero de régimen disciplinario de los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado con destino en dicho Departamento que incluirá, entre otros datos, la afiliación sindical de las personas denunciadas.

Según ha informado el sindicato a través de un comunicado, este hecho "puede entrar en colisión con la Ley Orgánica de Protección de Datos" e incluso con la Constitución. El fichero, creado al amparo de una orden ministerial publicada el pasado martes, 19 de febrero, en el Boletín Oficial del Estado (III. Otras Disposiciones), tiene como finalidad "el seguimiento y gestión de las actuaciones referentes al régimen disciplinario de los empleados públicos".

En dicho fichero se incluirán datos identificativos habituales como nombre y apellidos, domicilio, direcciones postales y electrónicas, teléfono, así como detalles del puesto de trabajo, número de registro personal, sanciones propuestas e impuestas y la "afiliación sindical de los denunciados".

El Ministerio de Justicia — ha concretado CSI-F — considera esta información como "datos especialmente protegidos", con medida de seguridad "media" y prevé su cesión a unidades y órganos disciplinarios, recursos humanos, así como a los jueces, tribunales y la Abogacía del Estado. Frente a esta nueva medida adoptada por el Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, el sindicato considera que "con los derechos fundamentales no se juega".

"La inclusión de la afiliación sindical como dato permanente en un fichero es irrelevante para el procedimiento disciplinario y, en consecuencia, contraviene el principio recogido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que exige que los datos sean ‘adecuados, pertinentes y no excesivos’ en relación con la finalidad del fichero", recuerda CSI-F.

Una medida no consultada

Asimismo, el sindicato "no ve ninguna razón para que conste en un fichero de carácter permanente la afiliación sindical de ningún empleado público que no está obligado a revelar su condición de afiliado si no lo desea y mucho menos puede verse obligado a que ese dato figure en un fichero". "Esta medida además, no ha sido consultada con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva", ha criticado.

También, CSI-F ha denunciado que, "si el dato de afiliación se incluye en el fichero, el nivel de seguridad del mismo debería ser alto y no medio como le atribuye la orden al incluir un dato especialmente protegido del artículo 7 de la LOPD que, por otro lado, no podría recogerse sin el consentimiento expreso y por escrito del afectado".

Finalmente, CSI-F ha adelantado que "pedirá explicaciones públicas" a Justicia en la mesa sectorial que se celebrará la próxima semana y ha advertido que, de no modificarse la orden, el sindicato "estudiará las actuaciones legales que sean necesarias ante una posible vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que pueden afectar a los derechos de libertad sindical, y a la libertad de conciencia, que contemplan los artículos 28 y 16 de la Constitución".