No supone una infracción administrativa, por no obtenerse imagen alguna, pero si puede suponer intromisión en el derecho al honor.
Es obligada la respuesta expresa, empleándose para ello cualquier medio que justifique la recepción de la contestación por el reclamante.
Existe infracción porque se accedió a datos personales de la trabajadora que debieron haber estado especialmente protegidos.
Lo hace la exposición en los ascensores del acta de la junta con identificación de asistentes y representados.
La mala aplicación o inobservancia de la legislación al respecto hace que se puedan recibir importantes sanciones por parte de AEPD.
Se transpone la Directiva 2016/680, que establece un marco jurídico que proporciona la seguridad jurídica necesaria para facilitar la cooperación policial y judicial penal.
Ha entrado en vigor el 11 de marzo de 2021 y deroga el anterior de 2003, reforzando el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos.
Los datos sobre dopaje en el deporte son datos de salud del deportista, con lo que gozan de especial protección en la LOPD.
Siempre que esa información menoscabe el derecho al honor, carezca de interés público y pueda considerarse obsoleta.
Ponderación del derecho a la información.
El Consejo General del Poder Judicial celebrará el lunes un Pleno extraordinario para debatir el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal.
En opinión de la AEPD, "la combinación de los datos que recoge por medio de diferentes servicios excede ampliamente de las expectativas razonables de la mayoría de los usuarios, que no son conscientes de ello y pierden el control de su propia información personal". Por su parte, Google afirma haber colaborado con la Agencia a lo largo de todo el proceso.
Apoya una propuesta que tipifica y sanciona penalmente el fraude contra los activos y fondos de la UE.
La Comunidad de Madrid va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se llevó a cabo en la Agencia de Protección de Datos madrileña.
CSI-F estudiará posibles acciones legales por una "posible vulneración" de derechos constitucionales y de protección de datos.
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