La Fiscalía Provincial de Valencia reforzará con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), relativo a los desahucios, su propuesta de que los jueces de Instancia actúen de oficio para anular las cláusulas abusivas en procedimientos hipotecarios –relativas, por ejemplo, a la ‘cláusula suelo’ o a los elevados intereses de demora– y reformular los contratos suscritos entre los bancos y los clientes.

Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal coordinador de la Sección Social, Contencioso Administrativo y Mercantil de la Fiscalía de Valencia, Manuel Campoy, tras ser preguntado por este asunto, después de que miembros de la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH) entregaran este jueves en Decanato un modelo de solicitud de nulidad de las actuaciones en procedimientos hipotecarios.

Hasta el momento, la Fiscalía de Valencia, cuando se le ha planteado una cuestión prejudicial relativa a procedimientos hipotecarios, siempre se ha mostrado a favor de que sea el juez de Instancia el que, si halla cláusulas abusivas en el contrato firmado con el banco, las anule y lo reformule. Siempre ha estimado que debía ser el juez el que valorase directamente, tanto de oficio como a instancia de parte, el carácter abusivo de una cláusula.

Al respecto, la legislación española establece dos motivos para que el deudor se oponga a una demanda de ejecución hipotecaria: o bien, porque se acredite la extinción de la garantía o de la obligación garantizada –haber pagado–; o bien porque hay un error en la cantidad exigible. Así, la normativa española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe tratarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

Sin embargo, la Fiscalía se opone a esta normativa en base a la jurisprudencia. En concreto, se fundamenta en la cuestión planteada por el magistrado del juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijó, ante la UE, sobre si la norma hipotecaria española vulneraba la legislación europea de consumo.

Ahora, además, se apoyará en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que el pasado 14 de marzo dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria porque no garantizaba a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas.

Asimismo y paralelamente, el ministerio público es favorable a que los jueces suspendan de oficio los procedimientos hipotecarios en el caso en que se trate de personas en situación de exclusión social. Y eso es en base al Real Decreto del Gobierno, aprobado en noviembre de 2012, que establece una moratoria de dos años en la ejecución de los desahucios de vivienda habitual para un colectivo amplio de ciudadanos.

Modelo, al juzgado

Por otro lado, decenas de miembros de la PAH han acudido este jueves a la Ciudad de la Justicia para entregar un modelo general de solicitud de nulidad de las actuaciones en procedimientos de ejecución hipotecaria, en base a la sentencia del tribunal de la UE.

Al respecto, uno de los abogados de la plataforma, Héctor Clark, ha indicado, que de acuerdo a la resolución europea, todos los procedimientos de ejecución llevados a cabo hasta el momento, así como los que están en trámite, "son ilegales porque son contrarios al derecho de defensa y porque conculcan la normativa europea en materia de defensa del consumidor".

Por ello, con la entrega del modelo a los juzgados, piden la nulidad de estos procedimientos. De no aceptarse, solicitan la paralización de los procedimientos, hasta que el Gobierno legisle en el sentido que plantea la UE, "por cuanto que se aplicaría una norma irregular".