El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha entregado este lunes la primera de las 1.000 viviendas públicas que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) cede en régimen de alquiler a familias o personas en situación de especial necesidad, que han sufrido un desahucio hipotecario y que en estos momentos no pueden afrontar el pago de una vivienda.

Esta iniciativa, que se realiza a través de Cáritas, sitúa a Madrid como la primera autonomía que destina a familias desahuciadas viviendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, y que podrán utilizar por un periodo de cinco años, que se podrá prorrogar.

A lo largo de esta semana, la Comunidad de Madrid completará la entrega de otras 102 viviendas y, paulatinamente, teniendo siempre en cuenta el criterio de selección de Cáritas, se irán adjudicando más hasta completar las 1.000 comprometidas, ha indicado el Gobierno regiona.

Se trata de viviendas de titularidad pública del Ivima, ubicadas en 34 municipios –la mitad de ellas en Madrid– que han sido recuperadas de ocupaciones ilegales y que están siendo acondicionadas y preparadas por parte de Cáritas para poder entregarlas a las familias o personas que lo necesiten en virtud de este convenio.

El tamaño medio de estas viviendas está entre los 70 y 90 metros y la renta media de alquiler en unos 200 euros, pero se darán muchos casos en los que no se paguen más de 40 euros de alquiler.

González, acompañado por el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, visitó junto al adjudicatario la vivienda asignada, un piso de 59 metros cuadrados, con un dormitorio y plaza de garaje y situado en la zona del Ensanche de Vallecas.

Allí, el presidente regional recordó que esta acción es fruto del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de diciembre entre la Comunidad de Madrid y Cáritas con el objetivo de ayudar a aquellas personas y familias que han perdido sus hogares por no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

Es el caso de Julián, un hombre de mediana edad que con dos hijos de 18 y 21 años y una trayectoria laboral de 20 años, que tuvo que dejar su fructífero empleo como quiosquero al detectarle una enfermedad renal. Como la pensión que se le asignó en concepto de Incapacidad Permanente Absoluta no era suficiente para poder hacer frente a los pagos de la hipoteca fue desahuciado en 2011.

Desde entonces ha vivido con un amigo en una vivienda baja de Villaverde. Tras acogerse a esta iniciativa del IVIMA, ahora podrá vivir en un piso prácticamente nuevo por 250 euros al mes durante cuatro años. Tendrá que seguir pagando los 150.000 euros que debe al banco, aunque contará con la ayuda de Cáritas para poder renegociar esa deuda.

"Agradezco a la Comunidad y a Cáritas por haberme ayudado a conseguir una vivienda digna porque no podía vivir por mi cuenta. El banco me desahució y me quedé en la calle. Han estado ahí y les tengo que agradecer mucho", ha manifestado Julián.

Por su parte, el representante de Cáritas ha señalado que este proyecto trata de que las personas que se han visto en una situación de desamparo tengan una posibilidad real de reintegrarse en la sociedad. Eso sí, ha apostado por que esas personas sean responsables y aprovechen esta oportunidad para rehacer su vida.

Alquiler renegociado para 5.000 inquilinos del IVIMA

González ha recordado que más de 27.000 familias madrileñas que han atravesado por algún tipo de dificultad disfrutan de una vivienda pública de la Comunidad de Madrid por la que pagan un alquiler mensual de menos de 270 euros al mes.

Además, el pasado mes de marzo, la Comunidad aprobó la Ley para proteger los derechos de los consumidores mediante la transparencia en la contratación hipotecaria, al tiempo que ha arrendado casi 200 viviendas a personas que necesitan la estabilidad de una vivienda pero que en un momento dado, no han podido pagarla.

El presidente regional también ha indicado que, debido a la crisis económica, se ha renegociado el contrato de alquiler a la baja más de 5.000 inquilinos del IVIMA para que puedan hacer frente al pago de sus rentas, reduciendo en algunos casos el alquiler hasta 40 euros al mes.