En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

"No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico", ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. "La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión", ha dicho.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro o la titular de Sanidad Ana Mato.

El objetivo no es la reelección

Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno "no está dispuesto a esconder la cabeza" y seguirá trabajando para llevar a cabo "reformas estructurales" contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un "gran pacto" para resolver tensiones ideológicas y territoriales. "Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera"

Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, "un examen de conciencia" general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. "Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos", ha añadido.

Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. "Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España".

El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el "principal activo" para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción "desestructura" la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

"No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador", ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. "Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más", ha apostillado.