El Ayuntamiento de Pamplona ha elaborado un proyecto de ordenanza abierto a la negociación con los grupos municipales para poner pisos de propiedad del Consistorio a disposición de familias que en los últimos cinco años hayan perdido su vivienda por la crisis económica, en ocasiones como consecuencia de procesos de desahucio por impagos de hipotecas.

El proyecto de Ordenanza de Utilización de Viviendas Municipales ha sido presentado este martes en rueda de prensa por la concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Ana Lezcano, y la directora del mismo área, María Jesús Vicente. El documento ha sido remitido a los grupos municipales y está abierto a la negociación antes de su aprobación por la Junta de Gobierno Local y el pleno.

El objetivo del Ayuntamiento, según ha explicado Lezcano, es "paliar un problema tan grave y preocupante como es la pérdida de vivienda habitual vinculada en algunas ocasiones a un proceso de desahucio".

Así, el borrador de la ordenanza presentada propone arrendar los pisos en régimen de alquiler social a los vecinos que hayan perdido su vivienda por la crisis. El periodo máximo de uso que se propone es de un año y el acceso estará gestionado a través de los servicios municipales, tras haber agotado el resto de vías disponibles.

Según el documento presentado por el Ayuntamiento, durante 9 meses los inquilinos deberán pagar como arrendamiento un 20 por ciento de los ingresos que obtenga la unidad familiar, un dinero que el Ayuntamiento reinvertirá en el mantenimiento del sistema. Los últimos 3 meses no habrá coste, para permitir a las familias ahorrar.

El Ayuntamiento se compromete a abrir a este recurso en un primer momento 25 viviendas del patrimonio municipal. Los primeros pisos de los que se podrían disponer se encuentran en el Ensanche y San Pedro, aunque hay una lista de viviendas patrimoniales pendientes aún de valoración distribuidas por toda la ciudad.

La próxima semana, según ha informado María Jesús Vicente, a través del empleo social, se comenzará a trabajar en 10 viviendas del Ensanche que requieren pequeñas actuaciones de limpieza, pintura, y alguna reparación para que puedan estar disponibles "de manera inmediata".

Requisitos

Las familias usuarias tienen que ser unidades familiares desahuciadas de sus viviendas (en procesos de compra o de alquiler) o que por otras causas no tengan vivienda, y que eso haya sucedido en los últimos 5 años. Deben ser familias empadronadas en Pamplona, con una antigüedad de al menos 3 años, y cuyos ingresos económicos no superen determinados rangos del Salario Mínimo Interprofesional, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar.

El borrador recoge que serán los servicios sociales municipales los que deriven a las familias solicitantes hacia este recurso, en el que no podrán en principio permanecer más de un año (15 meses en situaciones excepcionales como parto o posparto o estar en espera de la entrega de un VPO en tres meses).

Además, de forma previa, deberán haber agotado todas las demás vías para obtener una vivienda. Tendrán prioridad las familias con menores (y dentro de estas se atenderá a las edades) o con personas en situación de dependencia o discapacidad.

Junto con la vivienda, la familia obtendrá un itinerario individual o grupal de inserción, de cara a la mejora de la autonomía, así como apoyo especializado a su gestión económica e información sobre opciones viables en materia de vivienda. En los casos en los que la falta de vivienda derive de un desahucio hipotecario, se tratará de minimizar sus consecuencias a través de la Oficina Municipal de Mediación Hipotecaria.

La determinación de los posibles beneficiarios del programa estará encomendada a una comisión técnica de valoración formada por personas del Área de Bienestar Social e Igualdad y del Servicio de Patrimonio (servicio dependiente del Área de Servicios Generales). Los usuarios de este recurso no podrán volver a usarlo antes de que pasen un mínimo de 5 años desde la anterior oportunidad.

Por otro lado, Vicente ha informado de que la Oficina de Mediación Hipotecaria había aceptado a principios de marzo de este año 107 solicitudes, de las que 46 habían culminado el procedimiento. De éstas últimas, en un 40 por ciento de los casos familia y entidad habían llegado a un acuerdo. De los 18 acuerdos obtenidos, 5 (un 27%) fueron de dación en pago. 25 de los casos en los que no ha habido acuerdo ya están derivados a los Servicios Sociales Municipales.