El Gobierno vasco pondrá en marcha la tramitación de un protocolo de colaboración interinstitucional para actuar de forma "conjunta y eficazmente" en casos de desahucios, que podría firmarse el próximo mes de junio, por el que el Gobierno vasco se compromete a poner viviendas a disposición de las familias "en riesgo de exclusión social" que vayan a ser desahuciadas por que no puedan pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno vasco, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha explicado que se trata de un convenio de colaboración que "permita actuar a las instituciones de forma conjunta en los casos de desahucio" y que espera que sea suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, por la asociación de municipios vascos-Eudel y por los departamentos de Empleo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas y Justicia del Gobierno vasco.

Erkoreka ha explicado que el protocolo establece que cuando un juez que está tramitando un procedimiento de desahucio detecte "que puede derivarse de ello un situación de especial vulnerabilidad, generando un riesgo de exclusión social — bien sea personal o familiar–, pondrá la cuestión en conocimiento de los servicios sociales de base de los ayuntamientos".

De esta forma, los servicio sociales, si lo consideran oportuno y respetando el derecho a la intimidad del interesado, serán quienes trasladen la situación al Gobierno vasco "para que se pueda prestar la atención debida a las personas afectadas".

El portavoz del Gobierno ha informado de que, tras mantener "numerosas reuniones" entre los implicados, se ha considerado que este protocolo es "la formula más garantista" para dar una respuesta que sirva para "paliar las consecuencias extremas que los desahucios está generando en la sociedad".

Sin embargo, ha recordado que la definitiva suscripción del convenio no depende solo del Gobierno vasco sino que se trata de un acuerdo con otros dos agentes –el CGPJ y Eudel– que tienen sus procedimiento internos, por lo que para el mes de junio podría estar suscrito.

El consejero de Empleo y Políticas Social, Juan Mari Aburto, por su parte, ha destacado la necesidad de "establecer un plazo antes de que se ejecute el desahucio para que los servicios sociales puedan evaluar si puede haber una situación de vulnerabilidad".

Además, ha informado de la disposición del Gobierno vasco a "poner viviendas a favor de estas situaciones", tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los casos de rentas de alquiler.

En este sentido, el titular de Políticas Sociales ha valorado el decreto-ley de la Junta de Andalucía que defiende la expropiación temporal del uso de viviendas para evitar su desahucio.

"Colisión de intereses"

Aburto ha defendido que la justificación de la expropiación del derecho de propiedad de las viviendas que plantea la Junta andaluza es "extraordinariamente complicado" porque cree que "habría una colisión de intereses cuya preponderancia no sería fácil de delimitar". "Las Administraciones públicas deben ponderar los intereses en juego y evitar estos conflictos de intereses", ha explicado.

Por otro lado, Erkoreka ha informado de que el Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno vasco –que presta ayuda a las personas que tengan dificultades para hacer frente a sus hipotecas– atendió en el primer trimestre de este año a un total de 20 personas. "Se les está ayudando a buscar formulas para evitar el desahucio", ha indicado.

Asimismo, ha defendido que tanto con el servicio de mediación como con el protocolo hoy presentado, el Gobierno vasco pone en marcha un bloque de medidas "suficientemente eficaz como para responder al problema de los desahucios como se esta planteando en Euskadi", por lo que ha explicado no han entrado a valorar "otras posibilidades". "Creemos que con esto será suficiente, pero lo veremos cuando sea el momento de evaluarlas", ha indicado.