El director general ha explicado en rueda de prensa que su departamento ha adoptado esta iniciativa a partir de las dos sentencias dictadas recientemente por el Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo y por el Tribunal Europeo sobre las garantías de protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, que "han abierto una puerta que hemos querido aprovechar en beneficio de los usuarios", señaló.

La campaña se extenderá durante los meses de junio y julio y abarcará la totalidad de las entidades financieras que cuentan con oficinas en las islas. Los inspectores recabarán contratos recientes de productos como créditos al consumo, hipotecas, tarjetas de crédito, swaps o preferentes, para estudiar su contenido y determinar si establecen cláusulas abusivas para el usuario.

De ser así, Gustavo Matos indicó que las entidades estarían cometiendo infracciones graves en materia de consumo, que conllevan sanciones de entre 3.000 y 15.000 euros por contrato.

"Ahora que los tribunales nos han brindado la oportunidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La gente no entendería que no actuáramos, teniendo una posibilidad, por mínima que sea", dijo.

Además de las inspecciones que se lleven a cabo, se tramitarán de la misma forma las denuncias que lleguen a la Dirección General de Consumo, para lo cual se va a convocar a la red de consumo con el fin de informar a las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC).