En este sentido, considera que las entidades financieras "deben converger" junto con las administraciones públicas para abordar los aspectos sociales y residenciales derivados de la aplicación de la Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, recientemente aprobada. Así, lo expusieron representantes del Gobierno foral durante la jornada de reflexión para profesionales celebrada la semana pasada en el auditorio Civican, en Pamplona, para analizar la aplicación de la nueva legislación en la materia, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

El encuentro contó con la participación de profesionales de la Justicia, el Derecho y la Economía, representantes de partidos políticos, directivos de entidades financieras y representantes del gobierno foral. Los asistentes reflexionaron sobre la aplicación de la nueva legislación, que modifica tanto la Ley Hipotecaria como la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la realidad socioeconómica de Navarra.

Según el Gobierno, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2003, el pasado 15 de mayo, se han presentado en los juzgados de Pamplona más de 200 incidentes de oposición en los procedimientos de ejecución hipotecaria con la intención de que se dictamine la nulidad de las cláusulas existentes en los contratos. No obstante, según la reflexión abordada en la jornada "todavía es pronto para precisar el alcance de la nueva legislación".

Otra de las conclusiones planteadas fue que la Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social es una ley que "no plantea una solución definitiva al problema social de los desahucios, por ello se necesita una norma definitiva".

Desarrollo de la jornada

La jornada, organizada por los departamentos de Políticas Sociales y de Fomento, fue abierta por el director general de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Antonio Marcén.

En su intervención expuso las medidas y acciones de atención a desahuciados y apoyo a desalojados que ha realizado hasta el momento el Gobierno de Navarra: puesta en marcha de un Servicio de Mediación, creación de una Comisión de Prevención en Materia de Desahucios, jornadas de trabajo tanto con entidades financieras como con representantes de plataformas de afectados por la hipoteca, y reuniones de reflexión con representantes del Consejo General del Poder Judicial.

A continuación, el magistrado-juez titular del juzgado número 5 de Primera Instancia de Pamplona, Rafael Ruiz de la Cuesta, enumeró los aspectos de la Ley 1/2013 que modifican la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente se centró en las garantías que se deben ofrecer a los ciudadanos a la hora de suscribir créditos hipotecarios y en las modificaciones de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias.

Posteriormente, el director del Servicio de Consumo y Arbitraje, César López, informó de los aspectos del Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras modificados por la nueva ley, así como de las posibilidades de reestructurar la deuda para que el ciudadano no pierda su vivienda o de la dación en pago con el fin de cancelar toda obligación con las entidades financieras.

Tras un tiempo para el debate y la reflexión entre los asistentes, la jornada fue clausurada por el director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, que expuso las conclusiones obtenidas.