"El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha cumplido el objetivo con el que nació: que las personas que acuden a nosotros, casi siempre como último recurso para evitar ver vulnerado su derecho a un techo y en situación muy complicada, permanezcan en sus viviendas gracias a nuestra labor de intermediación ante las entidades financieras", ha resaltado en un comunicado la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Granada Santos. Estos datos, ha incidido la delegada, "avalan nuestro planteamiento inicial de que si un Gobierno democrático, en este caso el andaluz, abandona la neutralidad y la equidistancia y se pone decididamente de parte de las víctimas de la crisis, es capaz de hacer políticas socialmente útiles".

Entre el 1 de octubre de 2012, fecha de apertura de la oficina, y el 30 de septiembre del presente año, el Programa ha abierto en Sevilla un total de 1.157 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 161 personas, el 13,9 por ciento del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. El servicio prestado por el programa evita preventivamente a las familias verse en situación de riesgo de vulneración de su derecho a la vivienda.

La parte fundamental del programa es la intermediación. Un total de 886 personas han sido atendidas en esta fase, el 76,6%, y todas han logrado evitar su desahucio. "En esta fase estamos ateniendo a familias que tienen voluntad de pagar, pero que no pueden hacerlo porque no disponen de los ingresos suficientes. Gracias a la intermediación de la Consejería, estas personas siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con el banco", ha señalado Santos. "Estas familias, que acuden a nosotros como último recurso cuando ya están en clara situación de riesgo, permanecen en sus casas. Hemos evitado su desahucio gracias no sólo a la labor de intermediación del Programa, sino fundamentalmente a su determinación de defender su derecho a la vivienda, así como al apoyo de la sociedad civil organizada", ha añadido la delegada de Fomento y Vivienda.

De estas 886 familias, 263 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 623 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

"Este balance tan positivo es la mejor prueba de que la política sí es capaz de cambiar las cosas, y de que la resignación no está justificada. No obstante, estos resultados en ningún caso deben llevarnos al triunfalismo, porque los problemas de fondo de muchas de estas familias están todavía lejos de resolverse y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo sustenta no legislen a su favor", ha dicho la delegada. "Estas oficinas son una herramienta meramente paliativa. El mango de la sartén de los cambios normativos determinantes lo tiene el Gobierno central", ha añadido Santos, que ha instado al Ejecutivo a "dar una solución de fondo a las miles y miles de familias malagueñas atrapadas en la estafa financiera e hipotecaria".

La Consejería que dirige Elena Cortés "ha apurado al límite sus competencias contra los desahucios con la Ley para Asegurar la Función de la Vivienda, que sí constituye una herramienta transformadora que incide en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda vacía que hay en Andalucía", ha abundado Santos, que ha insistido en reclamar al Gobierno que "apure el diálogo" con la Junta y "abandone la idea" de presentar un recurso contra dicha norma en el Tribunal Constitucional, como ya hizo con el Decreto.

En la fase de protección del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda la Consejería ha abierto 110 expedientes, un 9,5% del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar su solicitud de vivienda en el registro de demandantes municipal, y establecen contacto con las entidades financieras o los juzgados para intentar dilatar los desalojos, al tiempo que colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Santos ha destacado el "espaldarazo" que ha dado a la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además ha reiterado su petición al Gobierno central de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del ‘banco malo’. "Las viviendas deshabitadas en la comunidad dar derecho de habitación. Es decir, tener un fin social, jamás especulativo", ha remarcado.