El Colegio de Abogados de Vizcaya organizó un taller formativo que analizó las vías legales existentes, tanto judiciales como extrajudiciales, para la defensa de los deudores hipotecarios ante la ejecución de su vivienda. Una jornada en la que, el Colegio trató, entre otras cosas, sobre la importancia de ampliar la concesión de justicia gratuita a los ciudadanos afectados por esta situación, para lo que ha solicitado "que se haga una interpretación más amplia y flexible de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", según señaló Luis María Cordero, miembro del Colegio de Abogados de Vizcaya.

Una petición que nace de una realidad social. "Las personas que no pueden hacer frente a su pago hipotecario no se personan en los procedimientos judiciales ante la imposibilidad de pagar a los profesionales que deben asistirles. Por ello, en estas causas es habitual que acudan sólo los representantes legales de los bancos", explicó el letrado.

Actualmente el derecho de asistencia jurídica gratuita está limitado a aquellas personas o unidades familiares cuyos ingresos económicos no superen el doble del salario mínimo interprofesional que actualmente asciende a 641,40 euros/mes. El experto afirma que es habitual que en estos casos un miembro de la familia cuente con un ingreso o salario superior a esta cifra, dinero que destina casi íntegramente al pago de la deuda acumulada. "Se encuentran en una situación de indefensión al no tener recursos suficientes para pagar a los profesionales que deben intervenir -abogado y procurador- , ni opción de acceder a la justicia gratuita", señaló Cordero.

Por ello, desde el Colegio de Abogados de Vizcaya se están buscando los instrumentos para que por parte de la Administración se modifique la "interpretación restrictiva" que se ha venido aplicando hasta ahora de esta ley con el fin de ofrecer una garantía de defensa a estos afectados.

La mejor opción; una buena defensa

Bajo el título, "Papel del abogado del deudor hipotecario ante las ejecuciones hipotecarias. Sí hay defensa", esta jornada pretendió dotar de herramientas a los letrados para ofrecer una defensa adecuada en estos supuestos. "Hasta ahora, la función del letrado había sido meramente informativa. Es necesario que los abogados apuesten por estrategias de defensa que permitan reequilibrar la posturas del banco y del deudor".

Una defensa que tiene dos objetivos principales. El primero de ellos, tal y como explicó el abogado especialista, sería lograr que el banco acepte la renegociación del préstamo, y en el caso que se produzca la adjudicación a la entidad, se acepte el alquiler del inmueble a los deudores, con una renta razonable. El siguiente reto pasaría por evitar que el banco siga ejecutando la deuda que no resulte cubierta tras la entrega del piso, lo que equivale a la dación en pago. "Debemos velar por los derechos de los afectados y evitar que queden condenados de por vida a la exclusión social; un hecho relativamente sencillo si se quedan sin casa, con una deuda elevada todavía pendiente y sin recursos", subrayó.

Para ello se buscan sólidas herramientas de defensa para la obtención de resoluciones pioneras en este campo que permitan ampliar los criterios utilizados hasta ahora. "Nuestra misión es convencer a los jueces y a las propias entidades bancarias de la importancia de ofrecer una segunda oportunidad a los deudores de buena fe". El letrado explicó que la legislación actual no protege a los afectados; a su juicio la única vía que les queda a estos ciudadanos es que las entidades acepten acuerdos de refinanciación, quitas o daciones en pago de una forma voluntaria.

"El sistema judicial no puede servir, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, como un instrumento utilizado por las entidades para intentar cobrar una deuda que saben no van a poder cobrar y condenar al deudor de por vida, sino para otorgarles a estos últimos una segunda oportunidad. Es el único agente que puede modificar, en el contexto actual y hasta que se modifique la legislación, la situación de los deudores", señaló Luis María Cordero.

Servicios de mediación

Una jornada en la que también se quiso informar sobre los servicios de carácter extrajudicial creados por parte de diferentes administraciones para la defensa de las personas en riesgo de desahucio, o que ya hayan perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca. Entre ellos, destacan los servicios que a nivel estatal se están creando desde las Administraciones en colaboración con los Colegios de Abogados o el servicio de intermediación hipotecaria creado recientemente por el Gobierno Vasco.

El plan del Gobierno Vasco incluye un servicio de mediación entre afectados y entidades financieras. "Un programa interesante, ya que incluye la posibilidad de conceder una vivienda de alquiler protegida a quienes se vean en riesgo de exclusión social. No obstante se trata de un servicio que nos parece insuficiente puesto que ofrece una visión sólo económica del problema, omitiendo la parte legal y jurídica. De esta forma, la negociación queda sujeta tan sólo a los supuestos en que existan recursos de la familia para renegociar la deuda y dependiente de la voluntad de la entidad bancaria. Por ello, ese Servicio debe complementarse con la parte jurídica si se quiere dotar de una real y verdadera eficacia", finalizó Cordero.