El Consejo Económico y Social (CES) cree que el Gobierno debería valorar si la reforma del alquiler aprobada en mayo para impulsar este mercado es "coherente" con la también reciente aplicación de medidas fiscales en favor de la vivienda en propiedad, como la recuperación de la deducción por compra en 2012, cuya supresión ha sido demandada desde Bruselas.

Así, lo indica en el dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de mayo, en el que comparte la necesidad de dinamizar este ámbito, pero pone ésta y otras pegas al texto del Ejecutivo.

"Sería conveniente valorar la coherencia o la contradicción entre las medidas de fomento del alquiler contenidas en el anteproyecto y otras de reciente articulación en materia fiscal dirigidas a fomentar la compra de vivienda", precisa institución que preside Marcos Peña.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy recuperó con carácter general la deducción por compra de vivienda habitual desde 2012 y asegura que no tiene intención de suprimirla, pese a las recomendaciones de la UE.

Además, prorrogó el IVA del 4% para la compra de vivienda nueva y aprobó junto a la reforma del mercado del alquiler una exención del 50% en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el de Sociedades para las plusvalías por compra de vivienda hasta el próximo 31 de diciembre.

Por el contrario, el CES echa en falta en la norma la implementación de medidas que incentiven la demanda de viviendas de alquiler "con carácter general", así como medidas para satisfacer la necesidades de alojamiento de los sectores más desfavorecidos.

La renta debe seguir actualizándose con el IPC

En este sentido, se muestra "contrario" a que la actualización de la renta de alquiler al término de cada anualidad se deje a voluntad de las partes cuando haya acuerdo expreso, en lugar de indexarla al IPC en todos los casos, como hasta ahora, porque "podría profundizar en el desequilibrio en el tratamiento de las dos partes del arrendamiento, acentuando la asimetría de poder contractual en dicha relación jurídica".

Otra de las objeciones del CES a la reforma del mercado del alquiler se refiere a la reducción de cinco a tres años del plazo máximo de duración de los contratos. La institución no cree que éste sea un factor que determine necesariamente la dinámica del mercado del arrendamiento, no así la lentitud con la que se llevan a cabo los desahucios.

"Su expansión probablemente dependerá más de aspectos como el funcionamiento de los juzgados y, en particular, del desarrollo de los procedimientos de desahucios, procurando una mejora sustancial en sus plazos medios de duración", explica.

Por ello, añade que la futura norma debería asegurar la "agilización" en la realización del lanzamiento en el supuesto de falta de oposición del demandado, siempre garantizando la seguridad jurídica de las partes.

Asimismo, la CES lamenta la falta de información estadística sobre oferta y demanda de alquileres, puesto que dificulta un diagnóstico fiable sobre la situación del mercado.

El anteproyecto debió tratarse con los agentes sociales

Más allá del contenido del anteproyecto de Ley, el CES critica que la política en materia de alquiler "habría de ser consensuada con los interlocutores sociales y debe establecer claramente los objetivos y prioridades".

Asimismo, considera que la norma debería insertarse en una estrategia política en materia de vivienda más amplia y coordinada con las distintas administraciones públicas competentes.