El PP ha registrado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley de medidas tributarias para precisar un nuevo procedimiento de regularización en el catastro que busca "mejorar la lucha contra el fraude fiscal" al aflorar lo que no está en el registro y no es objeto de gravamen. Este procedimiento costará 60 euros por inmueble como tasa de regularización –que desaparecerá al finalizar el proceso– y excluye la aplicación de sanciones a quien no tenga al día sus datos en el Catastro.

En concreto, y según las enmiendas a las que tuvo acceso Europa Press, el proceso se iniciará de oficio cuando se haya incumplido la obligación de informar sobre altas y modificaciones de bienes urbanos y construcciones en suelo rústico. El objetivo es que estos inmuebles pasen a tributar como les corresponde y que las administraciones competentes "puedan liquidar las cuotas correspondientes a los ejercicios tributarios no prescritos".

El Catastro irá decidiendo dónde y cuándo se revisan los datos inmobiliarios, con el objetivo de que el proceso esté completado antes de que acabe 2016, si bien los plazos podrán ser ampliados.

Además se permite determinar nuevos valores para los inmuebles que cuenten con "construcciones en suelo de naturaleza rústica que sean indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, sin necesidad de que se realice un procedimiento de valoración colectiva general" en aquellos municipios donde no haya habido ninguna revisión desde 2006.

Actualización de balances

El proyecto de ley abre también la puerta a que las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del IRPF que realizan actividades económicas y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operan en territorio español realicen una actualización monetaria de su último balance a lo largo de 2013 con el objetivo de "adaptar los valores contables" al IPC y evitar tensiones inflacionistas.

Éste ha sido uno de los aspectos donde el PP ha introducido más enmiendas, con el objetivo de precisar algunos aspectos en aras de que la norma pueda aplicarse "de forma inmediata" sin tener que esperar al desarrollo reglamentario.

Así, se precisa que la actualización del valor de los inmuebles deberá realizarse diferenciando el valor del suelo del de la construcción; se fijan los coeficientes aplicables a los precios de adquisición y amortizaciones, que irán desde el 2,2946 de los bienes anteriores a 1984 hasta el 1 de los de 2012; y se precisan los casos en que se entenderá que no se ha dispuesto del saldo de la cuenta donde deben ingresarse los importes de las revalorizaciones.

La memoria de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios con actualizaciones deberán contener información sobre los criterios empleados en el procedimiento, elementos afectados, importe de cada uno de ellos, efecto sobre las amortizaciones y movimientos en la cuenta de reserva con la justificación correspondiente. Si se incumplen estas obligaciones se habrá incurrido en una infracción tributaria grave sancionable con 200 euros por dato omitido en cada uno de los primeros cuatro años, y de mil euros en los ejercicios siguientes, con un límite del 50% del saldo total de la cuenta.

Los ‘populares’ también enmiendan para precisar que las entidades de crédito y las aseguradoras que se acojan a este proceso de actualización de balances no deberán tener en cuenta las revalorizaciones de los inmuebles que se hayan podido realizar por la primera aplicación de la Circular de 2004 sobre Normas de Información Financiera Pública y Reservada y Modelos de Estados Financieros; y del real decreto de 2008 para aprobar el Plan de Contabilidad las Entidades Aseguradoras y que no tuvieron incidencia fiscal.

Tributos locales

El proyecto de ley introduce también cambios en los tributos locales, excluyendo de la exención del IBI a los inmuebles de Patrimonio Histórico objeto de una explotación económica carente de interés general, y creando una bonificación para que los ayuntamientos que lo deseen puedan continuar beneficiando fiscalmente a dichos edificios.

En este sentido, el PP pide que no sea necesario presentar un informe técnico-económico que acompañe a la tasa cuando haya una reducción del coste del servicio, excepto si éste es "sustancial", y precisa que esto se entenderá cuando sea superior al 15% con respecto a lo previsto en el informe.

Asimismo, se propone que estén exentos de IBI los edificios históricos protegidos donde se realice una actividad económica pero que sean propiedad del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los organismos autónomos del Estado o entidades de derechos público análogo a las comunidades y los ayuntamientos, dado que "los poderes públicos deben velar y garantizar la protección, conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico".

Los ayuntamientos que quieran hacer uso de las nuevas bonificaciones deberán aprobar las ordenanzas fiscales y publicarlas antes del 1 de abril de 2013, según fija otra enmienda.

Otros cambios

Finalmente, el Grupo Popular ha presentado enmiendas relativas a otros impuestos, como el IVA, cuya base imponible no se podrá modificar "con posterioridad al auto de declaración de concurso para los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo devengo se produzca con anterioridad a dicho auto".

Además, se considerará cumplido el plazo de diez años de mantenimiento de bienes de Patrimonio Histórico o Cultural adquiridos con reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siempre que sean donados durante dicho periodo al Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales o la administración institucional.

También se considerarán realizadas a 31 de diciembre las ventas de productos objeto del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos que en dicha fecha se encuentran en el interior de los establecimientos. De esta manera, tendrán hasta abril para autoliquidar estas cuotas.

Dado que a partir del 1 de enero próximo también cambiará la norma de valoración de los rendimientos del trabajo en especie derivados de la utilización de una vivienda cuando ésta no sea propiedad del pagador, se aplicará durante todo el ejercicio la regla de valoración actualmente vigente para dar plazo de adaptación de las retribuciones a la nueva fiscalidad.