Se trata de un impuesto –sobre el incremento de valores de terrenos de naturaleza urbana– de autoliquidación, esto es, que la persona afectada tiene 30 días hábiles para personarse en el Instituto Municipal de Hacienda y hacer efectivo el pago, y pasarán a estar exentos aquellos a quienes se les retire su vivienda habitual y no tengan otros bienes para hacer frente a la deuda.

Trias (CiU) ha defendido que ahora es un impuesto "moralmente injusto" pese a que está fijado por ley estatal, y ha pedido al Estado impulsar cambios legislativos para regular estos casos derivados de la crisis sin tener que recurrir como ahora Barcelona a mecanismos extraordinarios; como posibilidad, ha planteado ceder las competencias a los ayuntamientos sobre su regulación, recordando que la mayoría de afectados acaban atendidos por sus servicios sociales.

El primer edil, que gobierna en minoría, ha recordado que cumplen así un compromiso de gobierno, que había sido una de las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y que, según él, había quedado en el aire porque "desgraciadamente" la oposición no ha apoyado por ahora los Presupuestos municipales del 2013.

La cancelación funcionará así: en 30 días el afectado deberá acudir al Instituto de Hacienda y se le aplazará el pago del impuesto, y aquí se acabará su intervención, porque del resto de trámites se hará cargo el consistorio, que lo cancelará por la vía de la compensación; en suma, no entrará ni saldrá ningún ingreso del Ayuntamiento.

Importes del impuesto

En 2011, la ciudad cobró 234 plusvalías por ejecuciones hipotecarias o daciones en pago, que sumaron 326.780 euros, y este año hasta el 30 de noviembre han sido 216 casos, que se elevan a 353.756 euros, si bien faltaría saber cuantos afectados no han avisado de su situación, con lo que no se les ha cobrado el impuesto.

Se trata de ‘casos de ocultación’, ha explicado la segunda teniente de alcalde y responsable de Economía, Sonia Recasens, que ha afirmado que si afloran deberán estudiar caso por caso, y que el Gobierno municipal tiene la intención de ser "abierto y generoso" ante los dramas sociales.

Trias también ha enviado una carta a entidades financieras radicadas en Barcelona pidiendo que impulsen medidas para evitar desahucios, como renegociar las condiciones del pago de la hipoteca o el alquileres, negociar plazos razonables de carencia o admitir a la práctica la dación en pago.

Al preguntársele por si la ciudad emulará a Tarragona, gobernada por el PSC, que prevé aprobar la retirada del dinero de los bancos que ejecuten desahucios, ha afirmado que tiene "una estrechísima colaboración" con entidades como el Santander y La Caixa, y, además de la carta, ha agregado que es probable que se reúna con ellas.

Ha repasado otras de las medidas del consistorio, y es que se han puesto más de un centenar de pisos a disposición de Servicios Sociales para acoger a afectados, y en 2013 abrirán dos centros de alojamiento temporal familiar en la intersección de Industria y Navas de Tolosa (25 apartamentos), y en la de Londres y Villarroel (40).