En sus propuestas de resolución, CiU pide además que se incluya la posibilidad de permanencia en la vivienda en régimen de alquiler y que se incorpore la dación en pago en las actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa de las memorias anuales de las entidades financieras.

En esta misma línea, apuesta por incentivar que las entidades ofrezcan la constitución de hipotecas que se garanticen solo sobre el bien hipotecado (dación en pago), al tiempo que se inclina por incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado, que se sitúa ahora en el 50% en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El grupo catalán pide también que se incremente las cuantías fijadas actualmente como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones y propone que se acelere la introducción de las subastas judiciales electrónicas.

Para paliar el impago temporal de alquileres y cuotas hipotecarias de la vivienda habitual de personas de alta vulnerabilidad social, sugiere la creación de un fondo financiado por el Estado y gestionado por las comunidades autónomas. El fondo contemplaría la devolución de las cantidades anticipadas cuando se supere la situación de necesidad.

Por otro lado, CiU pide revisar en profundidad el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para propiciar la existencia de un amplio parque de viviendas públicas, especialmente en régimen de alquiler que facilite el derecho constitucional de acceso a la vivienda.

Así, resalta la importancia de adaptar el plan a las actuales necesidades sociales restableciendo el fondo de eficacia en las líneas de ayudas que se agoten en 2011 y revisando las dotaciones presupuestarias destinadas a la financiación del Plan de Vivienda.

Asimismo, propone redefinir la línea ICO moratoria de hipotecas, impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del ‘stock’ de viviendas vacías a preciso asequibles y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.