Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se muestran dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012, año en el que concluye el acuerdo de negociación colectiva que firmaron con la patronal, a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.

"Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento, como el establecido en el actual acuerdo de negociación colectiva (AENC), con una extensión a un periodo temporal más amplio, pero el esfuerzo será baldío y contraproducente si no está acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español", aseguran.

Toxo y Méndez condicionan también el mantenimiento a futuro de la moderación salarial al desbloqueo de la negociación colectiva, para poder suscribir así los convenios correspondientes a 2011. Según denuncian, este retraso en los convenios está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, que ven crecer sus sueldos por debajo de la inflación, lo que a su vez merma las posibilidades de reactivación económica. Los dirigentes sindicales también piden a Zapatero que cumpla el acuerdo sobre funcionarios.

El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012.

Recientemente, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a sindicatos y patronal que alcancen un acuerdo sobre rentas que dé lugar a una mayor moderación salarial y a la reinversión de parte de los beneficios empresariales para generar empleo. Rubalcaba instó, en este sentido, a que, en el marco de la autonomía de las partes, se comience por revisar el acuerdo salarial recogido en el AENC para los años 2010-2012.

CONTROL SOBRE LOS PRECIOS.

En su carta a Zapatero, los líderes sindicales aseguran que la economía española debe aprovechar "todas las bazas disponibles" para mejorar su cuota de mercado nacional e internacional. Con ese objetivo consideran imprescindible conseguir un "estricto" control de los precios de los bienes y servicios nacionales para que evolucionen de manera "razonable" y todo ello, dicen, debe hacerse "con la colaboración de todos los agentes económicos" con influencia en el proceso.

Para Toxo y Méndez, es especialmente importante controlar los precios en algunos bienes que tienen mucha influencia en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas, como la energía, el transporte público y los alimentos. "El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso, mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo", alegan.

Los dirigentes de CC.OO. y UGT instan además a una recapitalización "rápida" del sistema financiero para conseguir normalizar los canales de crédito, así como a acometer reformas que racionalicen el gasto público y reduzcan las duplicidades entre administraciones.

Al mismo tiempo, consideran imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. "Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles, no en la mera reducción de la presencia del sector público en la economía", argumentan.

CAMBIOS FISCALES.

En materia fiscal, Toxo y Méndez piden que la lucha contra el fraude fiscal se convierta "en seña de identidad" de todas las administraciones públicas, que se reinstauren los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se modifique el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, y que se implante una tarifa progresiva de entre el 15% y el 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF.

Asimismo, reclaman que se iguale el tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto de Sociedades mediante la eliminación de las deducciones fiscales.

Toxo y Méndez explican que la racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público hacer hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación (desempleados y gente en peligro de exclusión social) y a los jubilados, "que no deben sufrir recortes en su poder adquisitivo".

En materia de vivienda, piden que se aborde una política "ambiciosa" para fomentar el alquiler, y en el plano laboral, los dirigentes sindicales lanzan un aviso al Gobierno: la contratación a tiempo parcial puede ayudar a crear empleo, "pero en ningún caso" debe convertirse en el principal mecanismo de entrada al mercado laboral sin contar con los derechos adecuados en las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores.

Para Toxo y Méndez, la política económica tiene que estar dirigida en su totalidad a crear empleo, pero con esfuerzos equilibrados, de tal manera que las personas en peor situación no asuman el mayor coste de la crisis.

En su opinión, el empeño de generar empleo se debe redoblar para los jóvenes, apoyándose en el sistema educativo, pero también en la formación, combinando la formación profesional con las prácticas remuneradas en las empresas.

Al mismo tiempo que fijan la generación de empleo como el objetivo principal de la política económica, Toxo y Méndez recuerdan a Zapatero la necesidad de garantizar la protección a los parados, teniendo en cuenta además que muchos han agotado ya sus prestaciones.