De este modo, el Gobierno deberá desarrollar, en un plazo máximo de tres años, una legislación específica que lo posibilite y fije su entrada en vigor. Así, se acelerará la resolución de las demandas presentadas por las dificultades o demoras que sufren las solicitudes de estas ayudas, derivadas de los problemas surgidos en la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad de las personas que requieren esta prestación.

El nuevo texto también recoge enfoques y cambios desde la perspectiva de la mejor defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, y su defensa también ante los servicios públicos que gestionan las prestaciones a que tienen derecho, sea la Seguridad Social, el INEM, o cualquier otro.