Se requiere para la aprobación de ordenanzas dictadas en el ejercicio de competencias urbanísticas en materia de telecomunicaciones por establecerlo la normativa estatal.
Solo podrá serlo en delitos graves, independientemente de que los datos conservados a los que tengan acceso las autoridades del Estado.
La Ley General de Telecomunicaciones recoge el marco europeo en relación con la telefonía móvil.
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