El vendedor de un vehículo de coleccionista no responde por la avería del motor, aunque el problema fuera preexistente.
La falta de acreditación de la autenticidad puede ser motivo suficiente para denegar el canje.
Puede ser un acto discriminatorio que viola el principio de igualdad, cuando se hubiera autorizado dicho acceso en otras circunstancias.
En cuestiones de seguridad vial, el individuo afectado no tiene la capacidad de intervenir directamente.
El Reglamento (UE) 2024/1781, que establece un marco para requisitos de diseño ecológico para productos sostenibles, incluye disposiciones sobre contratación pública ecológica.
No se basa en la necesidad de desplazamiento físico de funcionarios fuera del municipio, sino en que el activo sujeto a la acción recaudatoria.
La iniciativa para la realización de tal reconocimiento corresponde a la aseguradora, no al lesionado.
No lo es al no considerarse domicilio constitucionalmente protegido, aunque se debe justificar la proporcionalidad e idoneidad de la medida.
Liquidación de intereses en indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de un accidente de tráfico
Nuevas normas mínimas relativas a la definición de delitos y sanciones, y otras medidas para la prevención de la delincuencia medioambiental.
Se declara la nulidad de la modificación del Reglamento de Costas, por la ausencia del trámite de consulta previa.
Es posible subsanar la omisión de firma en presentaciones telemáticas no finalizadas.
Debe ser matizada en cada caso mediante el examen particularizado de las circunstancias que concurran, en especial las relativas a su objeto y extensión
Puede ser subsanada conforme al art. 68 LPAC y la Administración debe demostrar que ha hecho lo posible para facilitar su correcto uso.
Existe obligación de motivación en la evaluación de pruebas, así como en la interpretación de las bases y los principios de publicidad y transparencia que rigen los procesos selectivos.
Se debate el efecto de la cosa juzgada material y, por ende, la validez de la revisión de oficio realizada por la Administración.
Responsabilidad de la Administración en accidente de motorista por choque con jabalí que irrumpió en la carretera por la que circulaba el demandante.
No existe derecho a compensación más allá de lo dispuesto en las leyes específicas para la situación excepcional de la pandemia.
Se reforma la LJCA, con una doble finalidad: agilizar la tramitación y resolución de los pleitos, y afianzar el uso de medios electrónicos.
Obligación del instructor de comunicar a los interesados la práctica de la prueba testifical, para que puedan estar presentes en su práctica e intervenir en ella.
El conductor no pudo prever su presencia, sin que hubiese exceso de velocidad, por lo que ha de apreciarse culpa exclusiva de la víctima.
No puede realizarse consulta popular para erigir un municipio en comunidad autónoma, pues afecta directamente al ordenamiento estatal y autonómico.
Se excluye la responsabilidad patrimonial del Estado por las pérdidas sufridas en el sector de la hostelería.
Responsabilidad compartida: Una colisión recíproca con daños corporales e incertidumbre causal genera responsabilidad total para conductores
Análisis de qué es la falta de emisión de informe por parte de ayuntamiento.
La sanción a imponer de forma preferente, en caso de estancia irregular, es la de multa, acompañada de la orden de salida voluntaria.
La decisión municipal sobre la concreta localización ha de tomar en consideración la cercanía al domicilio.
El inicio del cómputo de los intereses de demora se vincula a la presentación de la factura por el contratista.
Para la plena efectividad del derecho de defensa, el trámite de audiencia al interesado debe materializarse antes de que recaiga la resolución que pone fin al procedimiento.
No es ajustada a Derecho esta imposición, por general e injustificada.
Determinación de la alta siniestralidad de la vía como criterio para imputar responsabilidad a la Administración por no señalizar debidamente la presencia de animales sueltos.
No es suficiente con que existan desperfectos en la vía para estimar que concurre nexo causal y hacer responsable a la Administración.
El desperfecto era perfectamente visible y situado en una acera además conocida por la afectada, lo que llevó al juzgado a declarar la concurrencia de culpas.
El RDL 5/2023 modifica diversos aspectos de la LJCA, principalmente en lo que se refiere a la regulación del recurso de casación.
La falta de licencia de actividad no implica una ampliación del subtipo penal convirtiéndolo en agravación.
Debe intentarse que la notificación llegue al conocimiento del interesado, utilizando medios distintos a la notificación electrónica.
Se sancionó a guardia civil al considerar una grave desconsideración el grabar una conversación sin advertirlo.
Si no puede deducirse cuál de las conductas de los conductores es de mayor gravedad, la responsabilidad debe atribuirse por partes iguales a los intervinientes.
Es válida pues el notificado es una Administración pública que cuenta con asistencia jurídica especializada.
La Administración puede hacerlo, pues no está sometida a plazo, sin que lo impida el que se halle pendiente un proceso jurisdiccional contra ella
La fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional.
En vía administrativa se le reconoció a la reclamante una indemnización de 22.300 euros por los daños derivados de la prisión indebida.
Se considera defectuosa la notificación de sanción en materia de tráfico realizada en el domicilio de un familiar, vecino del destinatario.
Nueva doctrina del TS sobre abrir nuevo procedimiento sobre mismo objeto sin haber cerrado previamente el anterior.
Se admite la aplicación orientativa del baremo, pero no de forma automática, si no identificando los parámetros aplicables, entre los que cuenta el factor de corrección.
Puede hacerlo si solo se ha pronunciado por el silencio positivo y no sobre la relativa a un posible incumplimiento de normativa.
Se establece la obligación de aplicar el plazo dispuesto en la normativa estatal en caso de vacío legal en la normativa autonómica.
La Administración titular de una carretera es la responsable de los daños sufridos por un turismo que chocó contra una piedra que se hallaba en mitad de dicha vía, tras haberse desprendido de un talud ubicado al lado de la carretera.
Es válida, aunque su eficacia queda demorada hasta el momento de la cesación del estado de alarma o de sus prórrogas.
Solo es admisible una autorización, por auto, tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno.
El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medias anticrisis para contrarrestar los efectos de la recesión económica.
Tiene como uno de sus fines paliar el efecto de la inflación provocada por la guerra de Ucrania en los grupos más vulnerables
Se reitera doctrina relativa a que la Administración sanitaria no debe responder de las lesiones causadas a un paciente como consecuencia de la utilización de un producto sanitario defectuoso.
Los documentos deben ser necesariamente anteriores a la sentencia que pretende revisarse.
Derecho a una resolución fundada en Derecho aunque la ejecución de la orden europea corresponda a tribunales extranjeros.
Se considera que la presentación de escritos vía Lexnet, durante el plazo de gracia es válida hasta que el reloj marque las 15:01 h, con lo que podrá presentarse hasta las 15:00:59.
La infracción del deber de confidencialidad en las propuestas de los licitadores en la contratación pública deber efectuarse con atención al principio de proporcionalidad.
Se niega por los impuestos liquidados, en supuesto de declaración de nulidad de la ordenanza municipal reguladora del impuesto.
Se absuelve del delito de conducción sin permiso al conductor de un patinete eléctrico, al no considerarlo ciclomotor, dada la absoluta ausencia de descripción en los hechos probados de las condiciones y características del vehículo.
Indemnización a unos padres por daños sufridos al no haber detectado las malformaciones neurológicas de su bebé durante la gestación
Se anula el precepto que atribuye efectos positivos al silencio en el otorgamiento de autorizaciones para actividades que requieran evaluación de impacto ambiental.
Se requiere para la aprobación de ordenanzas dictadas en el ejercicio de competencias urbanísticas en materia de telecomunicaciones por establecerlo la normativa estatal.
Cuando el conductor tiene habilitación para conducir expedida en otro país y es reconocida en España, desaparece la presunción legal de peligro.
Se pueden imponer limitaciones a la salida de obras de arte que poseen un alto valor, siempre que sean proporcionadas y no discriminatorias.
Si declara derecho a favor comporta eficacia retroactiva y debe tener la misma posición jurídica que los demás aspirantes que superaron el mismo proceso selectivo.
En las guardias no presenciales o localizadas no procede la compensación económica sustitutiva del indicado descanso de once horas no realizado
Interpretación los arts. 4, 65 y 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El objeto de debate es la sanción a imponer a la estancia irregular en España. Se trata de una infracción calificada como grave y, en principio, la comisión de infracciones graves se sanciona con la imposición de una multa de 501 hasta 10.000 euros.
Nulidad de acuerdo que establecía la limitación de personas a actos religiosos.
No se ha justificado la excepción al derecho de información parlamentaria. ya que se le pueden oponer motivadamente reglas de derecho
No puede sustituirse por multa, a tenor de la normativa de extranjería, pero ha de valorarse individualizadamente.
Se aprueba la utilización y condiciones de uso de certificados electrónicos con los órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.
Requisitos que debe reunir para considerar que está establecido en España y responsabilidad del mismo
Deben considerarse de cuantía indeterminada a los efectos de poder ser recurrida en apelación
Se puede pedir siempre que sea firme y se hayan cumplido todos los requerimientos formales.
La excesiva dilación en espera para intervención quirúrgica, derivada de inadecuada gestión de las listas de espera, puede dar lugar a ella.
Normativa reguladora de los requisitos y condiciones del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
Se pretende garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo a través de su revalorización vinculada a la evolución de la inflación.
Agrava, entre otros cambios, la pérdida de puntos por utilizar el teléfono móvil sujetando el dispositivo con la mano.
Entre otros cambios, diseña un régimen propio de residencia en el momento en que acceden a la mayoría de edad.
No es posible entender iniciado el plazo de caducidad de la licencia hasta la emisión y notificación del informe técnico favorable.
Si la modificación se produce por un cambio legal en el baremo aplicable, los efectos tienen carácter retroactivo y se producen desde la discapacidad es reconocida inicialmente.
Tiene que existir una vinculación entre el objeto del proceso y la esfera de intereses del recurrente, sin que se pueda alegar una mera defensa de la legalidad.
Existe desviación de poder al obstruir el ejercicio de una competencia estatal.
El impedimento de contagiarse mediante el uso de mascarilla no lesiona el derecho a la integridad física y moral.
No existe desobediencia a la autoridad por incumplir una norma de carácter general.
Puede imponerse una sanción modificando la calificación jurídica, siempre que sea sobre los mismos hechos.
Nulidad de un inciso del art. 2, apartado veintidós RD 70/2019, de 15 febrero.
No basta con un certificado de empadronamiento.
En las solicitudes del interesado, si no se cumple el plazo, es positivo, excepto en los supuestos que identifica la ley.
Fernando Santiago, presidente del Colegio y del Consejo General, defendió la importancia de “los colaboradores sociales que lleven a cabo una intermediación eficaz con las administraciones públicas”.
Un total de 474 personas han solicitado presentarse a las pruebas convocadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que habilitan para ejercer la profesión de gestor administrativo, según ha informado este viernes el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.
La Ley General de Telecomunicaciones recoge el marco europeo en relación con la telefonía móvil.
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