Señala la Audiencia que el notario está obligado a informar
de la situación fiscal de una propiedad al futuro comprador. La omisión de esta
obligación da lugar a indemnización por los daños causados en el patrimonio del
comprador.

Por tanto hay que tener en cuenta las obligaciones del
notario, siendo la principal de ellas, recogida en la Ley del notariado, la de
ser un funcionario público autorizado para dar fe, realizando un ejercicio
privado de funciones públicas.

Otra de sus obligaciones principales la recoge el TS cuando
establece que el notario tiene el deber de asesorar debidamente a los
otorgantes, de una forma exhaustiva, de las circunstancias y los efectos del
documento otorgado. Esta obligación consiste en una actividad de comunicación,
que se deriva de la condición profesional del notario.

La relación jurídica entre el notario y el cliente es la de
un arrendamiento de servicio.

Por otra parte, el notario responde civilmente de los daños
y perjuicios ocasionados con su actuación cuando sean debidos a dolo, culpa o
ignorancia inexcusable (RN art.146).

En el presente caso la Sala confirma la efectiva responsabilidad
civil de la notaría, ya que omitió y no informó de las cargas por afección
fiscal que pesaban sobre las fincas adquiridas, cargas que obraban en la nota
simple del registro. El notario está obligado a comprobar la titularidad y el
estado de cargas del bien. Debe solicitar del Registro una nota informativa al
respecto, antes de autorizar la escritura de compraventa.

Esa conducta es imputable al notario que no pude alegar su
desconocimiento frente al comprador, al que causa un daño material que debe
reparar.

SAP Cantabria de 23 febrero de 2017. EDJ 2017/91068

Fuente: ADN Jurídico