La comunicación se configura como un requisito constitutivo a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo para impugnarlo y la posibilidad de notificar los despidos individuales. Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que el período de consultas se hubiera celebrado con una comisión ad hoc, la cual debería haber sido notificada, al no existir RLT.

Frente a la sentencia del TSJ Navarra que declaró la nulidad del despido colectivo adoptado por la empresa por la omisión de la comunicación de la decisión final del periodo de consultas a la RLT, se alza la asociación demandada en casación.

El 15 de febrero de 2022 la asociación comunica por escrito a los trabajadores del centro afectado su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo que afectaría a la totalidad de la plantilla como consecuencia del cese de actividad en el mismo. A tal fin se constituye una comisión negociadora integrada por las representaciones de la asociación y de los trabajadores. Igualmente se recuerda a los trabajadores la necesidad de nombrar una comisión ad-hoc al carecer el centro de RLT.

El 4 de abril 2022 se levanta acta de fin del periodo de consultas sin acuerdo. La asociación comunica a la autoridad laboral la finalización del periodo de consultas sin acuerdo, así como su decisión final sobre las medidas a aplicar, pero no remite comunicación alguna a la RLT -en este caso la comisión ad hoc-.

La cuestión que se plantea en casación radica en determinar si debe declararse nulo el despido colectivo porque, aunque el periodo de consultas finalizó sin acuerdo, la decisión final de la empresa no se comunicó debidamente a la RLT.

La Sala recuerda que la comunicación de la decisión final de despido colectivo por el empresario a la RLT (art. 51.2 ET) se erige en presupuesto constitutivo de la extinción, de modo que si no hay comunicación no hay despido.

Su finalidad es distinta de la que tiene la comunicación de dicha decisión a la autoridad laboral, por lo que esta última comunicación no hace innecesaria la primera.

Además, solo tras la comunicación de aquella decisión final el empresario puede notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, y se inicia el cómputo del plazo para impugnar el despido por parte de los sujetos colectivos legitimados.

En definitiva, el TS concluye que la omisión de la exigencia de comunicar a la RLT la decisión de despido colectivo no es un mero incumplimiento de un deber informativo, sino un requisito esencial para la efectividad primero del despido colectivo y de los subsiguientes despidos individuales. Y no obsta a esta conclusión el hecho de que el período de consultas se hubiera llevado a cabo con la comisión ad hoc

Por tanto, el TS confirma la sentencia que declaró la nulidad del despido y el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación en sus puestos de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su efectiva readmisión.

STS (SOCIAL PLENO) DE 15 FEBRERO DE 2023. EDJ 2023/527669

Fuente: ADN Social