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Se presenta demanda de conflicto solicitando
que se declare la nulidad de distintos artículos del Código de conducta del Banco
de España así como de otros artículos de la Ordenanza 9/2017, que contienen medidas
tales como:

a) Necesidad de autorización previa
para intervenir en cualquier tipo de conferencia, congreso, cursos o seminarios
externos o cualquier colaboración que se realice en todo tipo publicación o para
relacionarse con medios de comunicación cuando se trate de cuestiones económicas,
financieras, bancarias o cualesquiera otras relacionadas con las funciones del banco
de España.

b) Restricciones a la realización,
directa o indirecta, de operaciones financieras privadas críticas.

Los demandantes consideran que estas
medidas vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y dignidad
del trabajador. La AN desestima la demanda en este punto al considerar que las medidas
superan el juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad)
exigido por la jurisprudencia para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.

Diferente conclusión alcanza respecto
de la posibilidad de que la Unidad de Cumplimiento interno lleve a cabo actuaciones
de verificación del cumplimiento de las normas aplicables a la realización de operaciones
críticas, mediante la solicitud al empleado de una copia de la declaraciones de
IRPF y de los datos fiscales facilitados al interesado por la AEAT pudiendo apoyarse,
para ello, en empresas externas.

En los documentos de IRPF y de la
AEAT se consignan datos que pertenecen a la intimidad de las personas pues informan
sobre el gasto en que incurre el obligado tributario, datos de afiliación a un sindicato,
o de si colabora o no con la iglesia católica o con ONG o el patrimonio personal
que posee. La cuestión que se suscita, por lo tanto, se refiere a si la obligación
de entrega de las declaraciones de IRPF así como los datos fiscales facilitados
por la AEAT vulnera o no el derecho a la intimidad personal.

La AN señala al respecto, que entre
las facultades de control del empresario no figura la de poder solicitar a sus empleados
datos que pertenecen a la intimidad constitucionalmente tutelada de los mismos.
Por otro lado, la LOPD de 1999 establece como principio general, en términos similares
a los recogidos en el vigente RGPD, que el tratamiento de los datos personales solamente
es posible con el consentimiento de sus titulares, salvo que los datos puedan ser
tratados sin dicho consentimiento.

Además, la medida no supera el juicio
de proporcionalidad. No es una solución idónea, necesaria y proporcionada para conseguir
la finalidad de que se cumplan por parte de los empleados las normas aplicables
a la realización de operaciones financieras privadas críticas pues no se derivan
más beneficios para el interés general o empresarial que perjuicios sobre el derecho
a la intimidad.

SAN Sala de lo Social de 7 diciembre de 2018. EDJ 2018/659846

Fuente: ADN Social