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Porque quieren ser el camino para solucionar los problemas de que se quejan muchos ciudadanos, pero su conformación exacta y, menos aun sus últimas consecuencias y los problemas para su implantación, no son explicados; aparte de que algunas no son generalistas sino con diferencias para determinados grupos de población. 

Entre las que me ha chocado son las medidas propuestas para apoyar a los autónomos y emprendedores, pues denotan el desconocimiento por parte de sus redactores de la maquinaria administrativa del Estado y el coste que para la misma puede suponer implantar algunas de ellas, derivadas de haber sido poco estudiada la actividad real para la que están pensadas. Tales medidas podrían servir para incrementar el trabajo autónomo, pero no para garantizar su pervivencia, ya que el mismo podría ser foco de atención de la acción inspectora, tanto en el aspecto tributario como en el de Seguridad Social, a la vez que muchos usuarios de su servicio se lo pensarían antes de contratarlo, y algún proveedor sería reticente a suministrar a ese colectivo si prosperasen las reformas pensadas para la ley de segunda oportunidad.

Entre las ocurrencias a que me refiero están las siguientes: Establecer de manera inmediata una cotización reducida de 45 euros, aplicable a todos los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos reales no superen el salario mínimo interprofesional y más tarde, previo estudio, crear un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo, todo lo cual es difícil de controlar. Además, la recaudación, en lugar de ser mensual, pasaría a ser trimestral; o no existir, pues se pretende encontrar fórmulas de trabajo autónomo a tiempo parcial, así como el de "vocación de no habitualidad" o complementariedad económica, lo cual obligaría a mayor financiación vía impuestos del sistema de protección social. 

También se pretende reducir los recargos por retrasos de menos de seis días en el pago de las cuotas, medida no aplicable  en otros regímenes del sistema. Y eliminar las retenciones por IRPF a los nuevos profesionales durante sus dos primeros años de actividad si su rendimiento neto no llega a 12.000 euros anuales, lo cual es inaplicable, pues ¿cómo lo estima ese rendimiento el retenedor o el propio profesional para las facturas que haga, especialmente los primeros meses del año? Más lógica hubiera sido la propuesta de exonerar a todos de la retención durante esos dos años.

Enrique García Tomás

Graduado Social