El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona actualmente cerca de un millón de pensiones de incapacidad permanente y como órgano gestor está obligado no sólo a otorgar esta protección, sino también a constatar permanentemente que las secuelas y las limitaciones que le impiden trabajar al beneficiario persisten. En definitiva, que se cumplen los requisitos para poder recibir esa pensión por incapacidad permanente.

Así, el INSS instruyó el año pasado una media de 62.000 procedimientos de revisión de grado, cifra que alcanza los 65.000, si se tiene en cuenta la media de los últimos cuatro años.

La Seguridad Social desmiente la acusación infundada de IU, generadora de confusión, de que existe una supuesta campaña para retirar prestaciones. Con esta información, objeto de una respuesta parlamentaria, la Seguridad Social corrobora además que las pensiones no sólo se están suprimiendo, sino que todos los años se reconocen entre 80.000 y 90.000 nuevas.

Por otro lado, cabe recordar que los procedimientos de revisión de pensiones por incapacidad se pueden iniciar a instancia de parte por incoación de oficio, siendo los primeros los más numerosos (representan un 59,5% de total). Esto significa que son los propios beneficiarios los que piden revisión de su grado en mayor medida, porque quieren realizar una nueva actividad laboral o porque solicitan un nuevo grado de incapacidad.