Se interpone recurso de casación por la Fundación Lantegi Batuak contra resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que requería devolución de cantidad por supuestas irregularidades en la aplicación de bonificaciones en materia de formación profesional.

La Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación de la Fundación, considerando que la resolución del Servicio Público de Empleo era un acto de trámite no susceptible de impugnación autónoma.

El TS ha determinado que dicho acto, la resolución del Servicio Público de Empleo tenía un carácter decisorio y trascendente, al exigir a la Fundación el pago de una cantidad específica en un plazo determinado, con consecuencias negativas inmediatas en caso de incumplimiento, sin necesidad de esperar a un acto posterior de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por tanto, considera que dicha resolución encaja en la categoría de acto de trámite cualificado y es recurrible de forma autónoma.

La Sala destaca la importancia de distinguir adecuadamente entre los actos administrativos de trámite y aquellos que, aunque inicialmente parecen no decisivos, deciden de forma indirecta cuestiones fundamentales que impactan en la esfera jurídica de los interesados.

Así, hay que analizar cada caso de forma particularizada para determinar si un acto de trámite puede ser considerado cualificado y, por lo tanto, impugnable de manera independiente, pues estos actos pueden y deben ser objeto de recurso si generan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, tal y como establece el art. 25.1 LJCA.

En el presente caso, la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, al definir una obligación económica concreta y establecer consecuencias inmediatas en caso de incumplimiento, cumplía con los requisitos para ser considerada un acto de trámite cualificado.

Por otro lado, entiende el alto Tribunal que así se refuerza el principio de tutela judicial efectiva, asegurando que todas las personas y entidades tengan el derecho de acceder a la justicia para defender sus derechos e intereses legítimos, sin ser obstaculizados por interpretaciones restrictivas de la normativa vigente sobre los actos de trámite.

STS (CONTENCIOSO) DE 30 ENERO DE 2024. EDJ 2024/504752