El decano del Colegio de Economistas, Francisco Menargues, y el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, han hecho una valoración de las últimas reformas concursales y de los últimos datos disponibles sobre procedimiento concursal, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Autónoma, en el marco del V Foro Concursal organizado por los Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de Alicante en el Centro de Congresos de Elche.

Así, los últimos datos oficiales del INE, del primer trimestre de 2015, constatan que el número de deudores concursados en España disminuye un 26,6% en tasa anual. En cuanto a datos referidos a la Comunidad Valenciana, en este mismo periodo y según estas mismas fuentes, los concursos han disminuido solo un 4,9 %. Asimismo, atendiendo a datos recabados del mes de abril, de los 36 concursos de la Comunidad, correspondieron 23 a Valencia, 8 a Alicante y 5 a Castellón.

Durante su intervención, el decano del Colegio de Economistas, Francisco Menargues apuntó que "los datos parecen manifestar un leve aumento del número de concursos de la Comunidad Autónoma durante mayo de 2015". Menargues indicó también que en cuanto a las empresas afectadas por pagos del FOGASA, "en la Comunidad Valenciana, se produce, en sentido inverso al total de España, una mejora en cuanto al número de expedientes y empresas afectadas". Así, en el periodo que va de enero a abril, de 6.000 empresas afectadas en 2014 se ha pasado a 2.976 en 2015, esto es, se reducen en un 50%.

A la vista de los datos, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló que "los casos de insolvencia que llegan a declararse en concurso de acreedores lo hacen extraordinariamente tarde y, además, el número de los mismos está muy por debajo de lo que deberían estar, situándonos probablemente ante una cifra menor al 20 % de los casos reales". En este sentido, Pich señaló que "el principal problema radica en el papel como acreedores que las entidades financieras y la Administraciones Públicas desempeñan en este proceso, al encontrarse en situaciones de singularidad privilegiada respecto del resto de acreedores". A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas trajo a colación las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 8 de junio, en las que se indica la necesidad de que en España "la legislación de insolvencias debería considerar incluir a los acreedores públicos en los procesos de reestructuración, de forma que las obligaciones con el sector público también puedan ser exoneradas tras una liquidación".

En este sentido, los economistas consideran fundamental la introducción de ciertas mejoras en los procedimientos concursales, entre las que caben destacar los siguientes:

– Mantener los profesionales que tradicionalmente ejercen la administración concursal: economistas, titulados mercantiles, auditores y abogados.

– Disminuir los privilegios de la Administración Pública (más de un 20% de los créditos de las pymes corresponden a Hacienda y Seguridad Social).

– Extender las medidas de segunda oportunidad a los avalistas y fiadores.