El ‘popular’ José López Garrido ha recordado que la reestructuración del sistema financiero "llegó tarde, pero no por culpa de este Gobierno" y ha asegurado que el proyecto de ley busca "garantizar que las cajas de ahorros tienen un futuro viable" como "agente económico fundamental" del sistema español tanto por su labor social y cultural como por su papel "anclado al territorio y pegado a los ciudadanos"

"Si tenemos que hacer viable el futuro de las cajas hay que limitar su crecimiento para que no se desborde y profesionalizando su gestión, evitando vicios del pasado que fueron catastróficos", ha añadido el diputado. Por su parte, Sebastián González ha coincidido en que este proyecto de ley "cierra con éxito el proceso de reestructuración".

La negociación seguirá en el Senado

Josep Sánchez Llibre, portavoz económico de CiU, ha pedido "no olvidar" que las cajas supervivientes a la crisis han sido "vitales y han hecho una aportación muy positiva" para que la reestructuración bancaria haya sido "un éxito". Además, ha reclamado que las nuevas fundaciones "jueguen un papel muy relevante en potenciar los valores tradicionales de las cajas" como la vinculación territorial o la obra social.

Además, para el diputado catalán un "elemento troncal" es permitir que la sociedad civil esté presente en las fundaciones bancarias, sobre todo desde la óptica de que "en unos años las fundaciones se tendrán que dedicar única y exclusivamente a satisfacer las necesidades que puedan resolverse a través de los recursos de la obra social". "No les hemos convencido, pero continuaremos negociando en el Senado", ha añadido, avanzando la misma intención con respecto a la compatibilidad de los consejeros y los patronos.

Es el fin de las cajas

Para el portavoz del PNV de Economía, Pedro Azpiazu, es un "día triste" porque esta ley "tutelada por la troika" certifica el "fin de las cajas" y ha señalado que, dado que algunas de esas entidades "han funcionado bien", su formación ha intentado "ser pragmática y salvar los muebles", fundamentalmente la obra social.

En cualquier caso, ha mostrado su satisfacción por haber conseguido pactar algunos temas con los ‘populares’ de entre los que más les preocupaban, como son los del fondo de reserva o aspectos competenciales. "Se satisface suficientemente lo que defendíamos", ha dicho el diputado vasco que, no obstante, no renuncia a que otros cambios propuestos por su grupo puedan llegar a incluirse en el Senado.

No es suficiente

El portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, ha reiterado que la crisis de las cajas de ahorros "no es la crisis de un modelo, sino de una dislocada gestión" protagonizada por algunas entidades que "abandonaron la prudencia y la moderación". Por ello, coincide con la necesidad de este proyecto de ley para concluir el proceso de reestructuración.

Sin embargo, sigue discrepando de "tres cuestiones fundamentales", como son que se mantengan los "resquemores y desconfianzas" hacia las cajas, pese a que "las pocas que siguen funcionando son las que han estado bien gestionadas"; y que no se clarifique de forma suficiente la "confusión consciente" sobre quién debe ejercer el protectorado, "respetando el marco competencial".

Y, en tercer lugar, los socialistas rechazan que se obligue a las fundaciones a tener un fondo de reserva, argumentando que eso podría dificultar la "competencia eficiente" y acabará abocando a estas entidades a una desinversión "anticipada y urgente" de los bancos y a su desaparición. Como aspectos "cosméticos", los socialistas piden un régimen de incompatibilidades diferentes que permita estar en la fundación y en el banco, y ve una "antigualla" mantener la figura del gran impositor en los órganos de gobierno de las cajas.

Regresión democrática

Alberto Garzón, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), reconoce que la ley recoge "algunos avances positivos" en la "recuperación del sentido original de las cajas de ahorros, destinados a los sectores más vulnerables" de la sociedad. Sin embargo, ha lamentado que "llegan tarde porque la mayoría de las cajas están privatizadas". Asimismo, cree que se plantea una "regresión democrática" de las entidades al "pretender hacer ver que la presencia excesiva de la Administración y los sindicatos es la responsable de las grandes quiebras de las cajas cuando no es cierto".

"Las cajas con más presencia social, como las vascas, han funcionado de forma estupenda. Así que el problema estaba en otro sitio, en las redes clientelares y el caciquismo que afectaban a la gestión de la caja, y en la forma en que se había diseñado su gestión y los incentivos. Y esto no se corrige sino que se lanza a la caja por la borda y, en aras de una supuesta profesionalización, se merman los derechos democráticos de algunos sujetos políticos que tendrían que tener un papel mayor", ha añadido.

Álvaro Anchuelo, de UPyD, coincide en que este proyecto es "importante, sobre todo para trasladar a la sociedad que se han aprendido las lecciones de la crisis", aunque su formación cree que el Gobierno "no ha tenido una voluntad decidida para acabar con los vicios del pasado". "Se ha querido cambiar todo para que no cambie nada o, al menos, lo menos posible", ha dicho.

Así, ha lamentado que no se acabe con la "tentación" de que las comunidades autónomas vuelvan a crear sus "cajas propias", cree que no se ha corregido el excesivo control y politización de estas entidades y cree que no se evitan los abusos sobre retribuciones de los directivos. Además, considera que la obra social no está bien diseñada y que tampoco se aclara de forma suficiente quién tiene las competencias de los protectorados.

El portavoz de ERC, Alfred Bosch, cree que esta ley es "un eslabón más en la cadena de errores" cometidos por los diferentes gobiernos en la gestión de las cajas, al haber desmontado la función social, avanzado hacia una bancarización del sector que puede provocar "fracasos todavía mayores" por la concentración excesiva, y aprovechando la ‘puerta giratoria’ entre la política y estas entidades.

Por el BNG, Olaia Fernández Davila cree que esta norma supone una "invasión competencial" y una "homogeneización" regulatoria innecesaria tanto para las cajas como para las fundaciones. Mientras que Rafael Larreina (Amaiur) coincide en que esta ley supone "el fin de las cajas" y ha criticado que se vaya a afectar a la obra social y se vaya a "abrir la puerta a la privatización y a la pérdida del control público" de estas entidades.

Dado que la Comisión cuenta con competencia legislativa plena, el proyecto de ley será remitido ahora para su tramitación al Senado, de donde tendrá que volver si se incluye algún cambio más para que sea ratificado por el Pleno de la Cámara Baja.