El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentín Pich, ha presentado el estudio "Reflexiones y propuestas sobre la información financiera de las fundaciones en España", realizado por iniciativa del Consejo Consultivo del ECIF-CGCEE, formado por el presidente del CGCEE, ex presidentes del ICAC, economistas de Consejos de Empresas, Universidad, Banco de España, CNMV, Tribunales de Cuentas y otras entidades de la Administración Pública.

En el acto, han participado, el presidente de Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera, del mismo Consejo, Oriol Amat, el director ejecutivo de ECIF-CGCEE, Marcos Antón y el director de Estudios del REAF-CGCEE, Rubén Gimeno.

Las conclusiones que se pueden extraer del estudio pasan por la conveniencia de aumentar la transparencia en la gestión y en la financiación de las fundaciones tanto para particulares como para empresas que puedan acceder de manera directa a los objetivos y resultados de las fundaciones, así como de los medios empleados para conseguirlos.

En este sentido, según el estudio, sorprende la falta de información pública y el difícil acceso y, por tanto, la opacidad y la poca (y heterogénea) información mostrada por las fundaciones en sus respectivas web. ¿Se les debería obligar a mostrar públicamente dicha información? Las encuestas indican que los usuarios así lo desean. Por lo tanto, solicitan una mayor regulación que conduzca a una mayor homogeneización de la información a elaborar y suministrar por todas las fundaciones a los agentes externos, lo cual permitiría una comparabilidad de las mismas y principalmente una mayor claridad.

Entre las propuestas para conseguir una mayor transparencia y claridad en los aspectos contables y de auditoría de las fundaciones, el estudio propugna ampliar la obligatoriedad de auditoría, reduciendo los límites legales de total de activo, volumen anual de ingresos por actividad propia, cifra de negocios de su actividad mercantil y número medio de trabajadores.

Además, dada su especial protección y sus ahorros de costes, por la vía de exenciones y privilegios fiscales, los Economistas consideran que debería reflexionarse sobre la ecuación coste/beneficio/rigor/transparencia que aportaría la auditoría obligatoria a un mayor número de fundaciones.

Por último, hay que garantizar la publicidad y transparencia de las cuentas anuales de las fundaciones mediante el acceso público a todos datos económico-financieros depositados en los protectorados y en el Registro de Fundaciones, y obligar al depósito de cuentas en los Registros Mercantiles.

Por último, el citado estudio hace unas recomendaciones a las Comunidades Autónomas, para que al establecer sus normas contables y de información financiera adopten los principios contables, normas de valoración, modelos de cuentas y definiciones del Plan General de Contabilidad y de su adaptación sectorial a las entidades sin ánimo de lucro: no realizar desarrollos normativos específicos.