El subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y el decano-presidente del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera Anegón, han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar los mecanismos de colaboración entre el Colegio de Registradores y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La colaboración entre el Ministerio y el Colegio de Registradores se había formalizado previamente con un convenio de colaboración de julio de 2012, en el marco de las medidas del Plan de lucha contra el empleo Irregular y el fraude a la Seguridad Social, donde se sentaron las bases del procedimiento adecuado para la cesión de datos, que se ve ahora perfeccionado.

Con este nuevo Convenio se mejorará y ampliará el acceso a la información relevante de sociedades mercantiles por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de las actuaciones que tiene encomendadas en la vigilancia y cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social.

Así, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social obtendrá información identificativa, económica o de naturaleza judicial sobre sociedades mercantiles, que mejorará su actuación tanto en materia de relaciones laborales, como en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, verificando la existencia de situaciones económicas que impliquen una posible derivación de responsabilidad por deudas con este Organismo.

De esta manera, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contará con instrumentos más eficaces para combatir posibles situaciones de fraude, como la creación de sociedades mercantiles interpuestas con el objeto de defraudar a la Seguridad Social y facilitar el acceso indebido a prestaciones públicas.

Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la SS

Entre 2012 y abril de 2015 se han detectado más de 10.600 empresas ficticias, creadas con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, y se han anulado un total de 111.842 altas cuyo único objetivo era obtener prestaciones indebidas de la Seguridad Social.

En este mismo periodo, los expedientes liquidatorios por derivación de responsabilidad dirigidos a las empresas que desaparecen una vez generadas deudas de Seguridad Social para crear con ánimo defraudatorio nuevas entidades libres de cargas, arrojan la cifra de 1.863,3 millones de euros.