Así figura en la memoria de impacto del proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la legislación en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento del trabajo autónomo y de la economía social, a la que ha tenido acceso Europa Press.

De entrada, estos incentivos tendrán un coste adicional de 302,8 millones de euros anuales a partir de 2016, con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en lo que se refiere a bonificaciones en la cuota, y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cuando se trate de reducciones.

Por el contrario, se espera que los ingresos adicionales por cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos alcancen los 100 millones de euros en 2016 y superen los 350 millones en 2017, suponiendo que todos opten por la base mínima de cotización y se acojan a la ‘tarifa plana’.

Además, estimando que 15.000 nuevos autónomos contraten a una media de 1,3 trabajadores, de los que la mitad podrían estar recibiendo la prestación por desempleo y a un tercio de los contratos se les aplicase el incentivo del mínimo exento, los mayores ingresos y el ahorro en prestaciones alcanzarían los 200 millones de media anual.

Sumando ambas partidas, resultarían unos ingresos de unos 850 millones de euros en dos años, frente a unos gastos o ingresos no materializados de 600 millones en el mismo periodo, con una saldo positivo de 250 millones de euros.

¿Cuáles son los gastos?

La memoria no precisa mucho más en el caso de los ingresos, pero en el de los gastos explica que siete son las medidas que tienen impacto económico.

La más costosa es la ampliación de la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) a los mayores de 30 años, hasta un máximo de nueve meses. Esta modificación tendrá un sobrecoste de 138,1 millones de euros.

El Gobierno explica que, en ausencia de este incentivo, buena parte de los autónomos agotarían su prestación por desempleo antes de iniciar la actividad por cuenta propia. Además prevé que, al existir otras medidas de apoyo al emprendimiento, quienes quieran abrir un negocio opten por utilizarlas, por lo que el coste real de esta medida será menor.

La segunda partida de mayor desembolso se refiere a la ampliación de dos a cinco años del plazo para la reanudación de la prestación por desempleo tras darse de alta como autónomo, que supondrá una coste de 92 millones de euros. En este punto, la memoria cuenta con que, tras la puesta en marcha de la medida, se incrementen en un 8% las reanudaciones.

También tendrá un costa la revisión de la ‘tarifa plana’

Además, el proyecto de Ley sitúa la cuota de la ‘tarifa plana’ en 50 euros exactos –hasta ahora la reducción era del 80% sobre la base mínima durante seis meses–, lo que supondrá un coste anual de 4,4 millones de euros. Se trata de un saldo que, puesto que deriva de una reducción y no de una bonificación, ha de entenderse como una disminución de ingresos.

Asimismo, la ampliación de esta ‘tarifa plana’ a los autónomos empleadores acarreará un gasto adicional de 24,9 millones de euros, al que se suman 176.390 euros por su extensión a las víctimas de violencia de género y del terrorismo y 802.138 por su apertura a personas con discapacidad.

A continuación, el proyecto de Ley extiende a todas las edades la opción de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo en un pago único para la inversión en un negocio. Se trata de un incentivo que no es un gasto, sino un adelanto, ya que la gran mayoría de los potenciales beneficiarios ya pueden agotar su prestación percibiéndola en forma de capitalización para el pago mensual de la cotización.

Si bien, el Ejecutivo explica que un 15% de las personas que capitalizan la prestación para establecerse como autónomo se mantienen en la actividad menos de un año y, por tanto, no agotan el 40% de la prestación contributiva pendiente. Sumando estas circunstancias y contando con que a estas personas les quedara por capitalizar el 50% de las cuotas, el coste de la medida será de algo más de 21,5 millones.

A renglón seguido, la ampliación de la bonificación a los familiares colaboradores hasta los 36 meses –el 50% durante los primeros 18 meses y el 25% durante los seis siguientes– supone un coste de 16,5 millones.

En el caso de la incorporación de trabajadores a entidades de la economía social, la ampliación, en primer lugar, de las bonificaciones para la incorporación de trabajadores menores de 30 años o de 35 años en caso de discapacidad, representan un coste de 132.600 euros. Asimismo, la creación de una nueva bonificación para la incorporación de trabajadores mayores de 30 años costará 1,2 millones de euros.

Finalmente, las empresas que contraten trabajadores procedentes de las empresas de inserción disfrutarán de una nueva bonificación en las cuotas empresariales de dichos trabajadores, lo que implicará un gasto más de 2,6 millones de euros.