La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad en el que pide que resuelva si el decreto que deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones vulnera los derechos que establece la Constitución.

Los magistrados de la Sala de Burgos exponen que la Constitución española garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos fundamentales individuales y señala que "serían objeto de expropiación los derechos de los perceptores de pensiones de seguridad por cuanto son un derecho económico incorporado al patrimonio de aquellos, aunque no haya sido abonado pero sí devengado, puesto que entendemos que dichos preceptos son aplicables al caso y el fallo depende de su validez, no siendo posible acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional".