La Mesa de la Cámara Baja desestimó este lunes la petición del PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de adelantar a la próxima semana la primera sesión plenaria tras el paréntesis estival, por lo que el primer Pleno se convocará los días 10, 11 y 12 de septiembre.

Así, fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que en el orden del día se incluirá la convalidación del decreto ley –procedimiento que se suele realizar en la sesión del jueves–, trámite que debe realizarse "antes de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación", según precisa en el artículo 86.2 de la Constitución y en el artículo 151.1 del Reglamento de la Cámara.

El Gobierno calcula que hay plazo

El mismo documento, en su artículo 90, señala que, "salvo disposición en contrario, los plazos señalados por días se computarán en días hábiles", por lo que el Gobierno calcula que el límite para convalidar el decreto es el 13 de septiembre, tras descontar los domingos de agosto y el día 15, que fue festivo.

El decreto ley para la Protección de los trabajadores a tiempo parcial modifica las condiciones de acceso de estos empleados a las prestaciones de la Seguridad Social, en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de Justicia de la UE, que declaraban inconstitucional el anterior método de cálculo por ser discriminatorio.

Además, la normativa incluye cambios en la negociación de los procedimientos colectivos, se introduce la obligación de inscribirse como demandante de empleo y de renovar dicha demanda para poder percibir y conservar las prestaciones y subsidios del paro, y se reformulan los requisitos para poder cobrar estas prestaciones si se sale al extranjero.

Asimismo, se fija el método de actualización de los cánones ferroviarios, se incrementa el importe autorizado a Adif para concertar operaciones de endeudamiento este año, se concede a la Sareb –el ‘banco malo’– la condición de entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de vivienda, se anuncia el desarrollo de un reglamento de asistencia a los afectados por accidentes ferroviarios y se autoriza a Renfe a adelantar parte de las indemnizaciones a las víctimas del accidente de Santiago de Compostela.

Finalmente, se moderan las tasas aéreas que AENA cobra a las aerolíneas, se incluyen las deudas de los consejos comarcales con sus proveedores en el Fondo de Proveedores y se fija el régimen transitorio para las autorizaciones administrativas del sector naval afectadas por el ‘tax lease’.

Pendientes la Ley de Autoridad Fiscal y de Fiscalidad Ambiental

De cara al nuevo curso, el Congreso también tendrá que tramitar los proyectos de ley de la Autoridad Fiscal Independiente y de Fiscalidad Ambiental, que el Gobierno quería que quedaran aprobados a lo largo del verano pero que finalmente se han visto retrasados hasta septiembre. De este modo, sólo el proyecto de ley de Apoyo a los Emprendedores ha cumplido con el proceso urgente, tras haber sido aprobado en el mes de julio.

Y eso a pesar de que la Mesa de la Cámara autorizó a finales de junio que ambos proyectos de ley se tramitaran por la vía de urgencia –que reduce los plazos a la mitad–, de tal manera que los debates de totalidad pudieran celebrarse en el Pleno extraordinario de los días 16 y 17 de julio para que pudieran aprobarse en sus respectivas comisiones en agosto como máximo.

Así, tras una decena de ampliaciones de plazo, está previsto que las enmiendas de totalidad se deban registrar como máximo el 3 de septiembre, por lo que el debate podría incluirse en el orden del día de la primera sesión plenaria. Posteriormente, se abriría un plazo para la presentación de enmiendas parciales para dar paso luego a la ponencia y a la aprobación de los proyectos en comisión –la Autoridad Fiscal también deberá ser debatida de nuevo en Pleno– antes de remitirlos al Senado.

El proyecto de ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras incluye, entre otras, la modificación del Impuesto de Sociedades para suprimir deducciones y elevar la base imponible. Por su parte, el proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, busca dar respuesta a una Directiva comunitaria de 2011, cuya transposición debería llevarse a cabo antes del cierre del presente año.