La Fiscalía ha incoado casi el doble de casos de muertes en el trabajo por imprudencia en la provincia de Barcelona, pasando de 17 en 2010 a 30 fallecidos en 2011, en un contexto en el que las cifras de desempleo no han dejado de crecer, según se desprende de la memoria anual de la Sección Especial de Siniestralidad Laboral a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio Público ve "especialmente preocupante" este repunte de los accidentes mortales judicializados por vía penal, que achaca a una posible relajación en el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales y no a un incremento en la actividad productiva, pues con la crisis ha descendido.

Además de este aumento de las muertes por imprudencia, la Fiscalía ha incoado 138 presuntos delitos de lesiones en 2011 por imprudencia frente a las 135 registradas el año anterior, siendo todos ellos cifras de los casos registrados en la Sección Especial, pudiendo haber más casos en los diferentes juzgados de instrucción de la provincia que no le han sido comunicados.

Por otra parte, durante 2011 la Fiscalía de Barcelona ha emitido 86 escritos de acusación (una más que en el año anterior) de los que 45 son sobre siniestros ocurridos en el sector de la construcción –edificación, que incluye rehabilitación y obra civil–, 36 en la industria y seis en el sector servicios.

La mayoría de los escritos de acusación se corresponden a hechos ocurridos entre 2006 y 2009, aunque hay alguno incluso de la década de los noventa, concretamente uno de 1997 y otro de 1999.

35 sentencias

Por otra parte, en 2011 se han dictado 35 sentencias relacionadas con el ámbito de la siniestralidad laboral, aunque la Fiscalía advierte en la memoria de que podrían ser más, pues a juicios que se celebran fuera de Barcelona no asisten fiscales especialistas y, aunque se han dado instrucciones de que se remitan todas a la Sección Especial, "es complicado verificar que se haga en todos los casos".

De estas 35 sentencias, 28 fueron condenatorias y siete absolutorias, coincidiendo en más de un 94% de los casos conformes a las pretensiones de la Fiscalía.