Así consta en una de las diez enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que recoge Europa Press.

Por ejemplo, cuando no se ingresen las cuotas correspondientes o en el plazo debido, habiendo presentado los documentos de cotización y siempre que la falta de ingresos "no obedezca a una situación extraordinaria" y que el impago no sea constitutivo de delito según el Código penal, se deberá abonar entre un 50 y un 65% del importe defraudado en los casos leves, entre un 65 y un 80% en los medios, y entre un 80 y un 100% en los graves.

Penas más altas

Estos porcentajes se elevan cuando los impagos se produzcan sin haber presentado los documentos de cotización a la Seguridad Social. En estos casos, y siempre que no sea delito, las sanciones leves serán de entre el 100 y el 115% de lo defraudado, las medidas del 115 al 130%, y las graves del 130 al 150%.

En cuanto al fraude por retener indebidamente una parte de la cuota que se ha descontado a los trabajadores o cuando se han efectuado descuentos superiores a los legalmente establecido se castigará con entre un 100 y un 115% de lo defraudado si la sanción es mínima, entre un 115 y un 130% si es media, o entre un 130 y un 150% si es la máxima.

En el resto de casos de fraude a la cotización a la Seguridad Social que recoge la norma, las multas son cantidades que van de 3.000 a 187.000 euros aproximadamente, independientemente de la cuantía defraudada.

Además, otra enmienda de los ‘populares’ prevé que los empresarios que incurran en determinados supuestos pierdan las ayudas y bonificaciones de forma "automática" siempre que haya una resolución sancionadora o una sentencia judicial firme en el caso.

Además de ser sancionadas, las empresas que cometan infracciones muy graves por discriminación directa o indirecta por razón de sexo y que no elaboren o apliquen el preceptivo Plan de Igualdad o contravengan la resolución de la Autoridad Laboral perderán las ayudas, bonificaciones o beneficios que tuvieran de forma automática, en lugar de a propuesta del funcionario de la Inspección de Trabajo. Esta medida podrá aplicarse entre seis meses y dos años, en lugar de sólo durante el medio año que se reconocía hasta la fecha.

Competencias sancionadoras

Con sus enmiendas, el Grupo Popular precisa también a quién corresponden las competencias sancionadoras según el tipo de la infracción que se esté evaluando, así como qué órgano o institución puede decidir ampliar un plazo de inspección.

En la misma línea, se recoge de forma expresa la facultad de la Tesorería General de la Seguridad Social de "revisar de oficio las inscripciones de empresas ficticias", así como que esas revisiones dejan "sin efectos la inscripción de la citada empresa en el sistema de Seguridad Social". "De este modo, la inscripción indebida no produce ningún tipo de consecuencias jurídicas", añade la enmienda.

Finalmente, se incluye el procedimiento de notificación electrónica a través del Tablón de Edictos en los casos que la administración no pueda contactar al interesado, y se incluyen nuevas exenciones a la eliminación de las bonificaciones al empleo. Así, además de los supuestos recogidos en la Reforma Laboral y en otras medidas del Gobierno, también habrá bonificaciones en las contratación de personas con discapacidad, empresas de inserción o enclaves laborales, entre otros.

El lunes, enmienda de totalidad

El proyecto de ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a principios de septiembre, pasará su primer examen en el Congreso este lunes, cuando se someterá a debate la enmienda de totalidad presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).

Una vez rechazada gracias a la mayoría absoluta del PP, el texto pasará a Ponencia y, posteriormente, las enmiendas que queden vivas del centenar presentado por la oposición se debatirán en la Comisión de Empleo.

En paralelo, las Cortes están tramitando otros dos proyectos de ley de lucha contra el fraude: uno para modificar el Código Penal y tipificar algunas actuaciones como delito, y otro específico para el fraude fiscal que está en tramitación en el Senado tras haber sido aprobado el pasado 2 de octubre por competencia legislativa plena de la Comisión de Hacienda del Congreso, con las únicas incorporaciones de las enmiendas del PP y tras haberse rechazado 120 propuestas de la oposición y una enmienda de totalidad de IU-ICV-CHA.