El Pleno del Congreso votará este martes la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por los sindicatos UGT y CC.OO. la pasada legislatura contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy superada por el cambio de normativa aprobado por el actual Ejecutivo.

En marzo de 2011, las principales plataformas sindicales del país iniciaron una movilización contra los cambios en la legislación laboral que aprobó el Gobierno socialista, llegando a recabar la firma de más de un millón de ciudadanos, el doble de lo necesario para poder registrar una iniciativa de estas características en el Parlamento.

Sin embargo, la decisión de Zapatero de adelantar las elecciones generales al pasado mes de noviembre concluyó de manera precipitada la legislatura sin dar tiempo a debatir la propuesta contra una reforma "inútil y perjudicial" que incluso provocó la convocatoria de una huelga general.

Así las cosas, la ILP entra en el orden del día del Pleno ahora, más de un año después del final del anterior mandato y, lo que es más, cuando la reforma laboral aprobada por la ministra Fátima Báñez lleva ya más de ocho meses en vigor.

Quien defendía la anterior reforma ataca la nueva

Este retraso ha provocado las quejas de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que, como los sindicatos, fue muy crítica con la reforma de Zapatero y que considera que estas dilaciones ponen en solfa la capacidad del Parlamento de atender las necesidades ciudadanas.

En cualquier caso, ha avanzado su voto favorable a la iniciativa dado que, si bien la reforma de Zapatero ya no está vigente, sí lo están "plenamente" los argumentos de la ILP, que son "perfectamente útiles para hacer frente al modelo de mercado de trabajo que se está imponiendo" en España.

Sin embargo, se da por descontado que el PP, que consideraba insuficiente la reforma del Gobierno Zapatero y que ha promovido otra al llegar a Moncloa, impedirá la tramitación parlamentaria de la iniciativa de los sindicatos.

Así las cosas, queda la duda de qué hará el PSOE, objetivo de esta iniciativa cuando estaba en el Gobierno pero hoy principal partido de la oposición. Fuentes parlamentarias han señalado a Europa Press que la decisión sobre el voto aún no está tomada, y que se cerrará a principios de esta semana en la reunión que mantiene la dirección del grupo.

Acabar con la dualidad

En cuanto al texto de la iniciativa, se propone "el empleo estable y con derechos" para que los españoles puedan mantener "los derechos adquiridos y que las empresas agoten todas las alternativas sociales e individuales posibles antes de recurrir a la rescisión de contratos".

En concreto, la ILP defiende la necesidad de abordar un cambio profundo del sistema de relaciones laborales, si bien apunta a dos objetivos concretos y urgentes: combatir la segmentación del trabajo para acabar con la dualidad y reordenar las medidas de flexibilidad interna.

Con respecto al primer objetivo, se propone combatir la temporalidad de larga duración mediante el establecimiento de límites máximos en la sucesión de contratos y vincular la duración de los contratos de empresa con los que celebran los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores.

Además, se insta a favorecer el acceso y la permanencia de los ciudadanos a empleos estables y de calidad mediante el fomento de un nuevo modelo productivo que incentive la competitividad empresarial a través de la innovación tecnológica y el desarrollo formativo. Para ello, se propone reducir el plazo máximo de duración del contrato de obra o servicio en dos años, y se aboga por habilitar a la negociación colectiva para determinar los porcentajes de personal fijo y temporal que se corresponden con la realidad de cada sector productivo.

Más flexibilidad

Con respecto a la reordenación de las medidas de flexibilidad interna para que sean "verdaderas alternativas" al despido pasan por redefinir las causas del despido colectivo y objetivo con la participación de los representantes de los trabajadores, prohibir cualquier aportación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a extinciones contractuales improcedentes, o "restaurar el protagonismo" de los sindicatos en la negociación de acuerdos de reestructuración organizativa.

"La exigencia de que el supuesto del despido por causas técnicas, organizativas o de producción venga dado por la mera alusión a las causas que justifican, igualmente, la mera modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la movilidad geográfica, es una fórmula legal que termina por cuestionar la propia legitimidad de la causa extintiva, dando cobertura a extinciones motivadas en la mera conveniencia o en la mejora del beneficio empresarial", se añade en la ILP.

Finalmente, también se hace referencia a otros asuntos como la creación de un contrato a tiempo parcial "de calidad", el fomento del empleo joven o de los parados, la mejora de la intermediación laboral y el control de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).