El documento está dirigido a su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, que previamente había solicitado a la Defensora del Pueblo que instase al Gobierno a modificar el Real Decreto por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y con dificultad para encontrar empleo, con el objetivo de mantener las medidas que existían con respecto a las personas con discapacidad.

Antes, el Real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establecía que, para ser beneficiario de esta renta, se debía haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, excepto en el caso en que se tratara de una persona con discapacidad. La modificación ha suprimido esta excepción, por lo que este grupo también debe acreditar que ha agotado las prestaciones por desempleo para beneficiarse de la ayuda.

Por ello, la Defensora del Pueblo ha indicado en su escrito que, entre otras medidas, ha recomendado a la Secretaría de Estado de Empleo que esta excepción prevista a favor de otros colectivos se extienda a las personas con discapacidad, tal y como se regulaba en el Real Decreto.

Además, ha señalado que, en el caso de que esta no acepte esta recomendación, se debería excepcionar del requisito de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial a determinados grupos de personas con discapacidad, con dificultades severas de acceso al mercado de trabajo, por razón de edad, género o tipo e intensidad de la discapacidad.