El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha manifestado este martes que, durante el último año, el Ministerio ha realizado 235.000 inspecciones sobre presuntos fraudes en el cobro de la prestación por desempleo, de los cuales el 25% ha tenido como resultado la privación de dicha compensación.

Durante su intervención en el curso ‘España 2020’ de la Universidad Complutense de Madrid, Gómez indicó que, desde una perspectiva personal, siempre ha mantenido que "los subsidios por prestación de desempleo tienen un volumen de uso estratégico y fraude determinado". "No negaré que es uno de nuestros principales problemas", pero "siempre se presta mucha atención a este aspecto", añadió.

"Lo que ha ocurrido en España", ha argumentado, "es que ha habido dos millones de personas que han perdido su empleo y el 80% de ellas tenía derecho a prestación por desempleo", ha reflexionado, considerando que debe ser una parte importante de su trabajo, pero no del "resultado final" de la labor del Ministerio.

CONSEJO DE AUTÓNOMOS.

Por otro lado, preguntado por el desarrollo de la polémica en torno a la representatividad de las asociaciones de autónomos, y a la designación -otra vez– a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) como la más representativa, por encima de ATA y OPA, el ministro de Trabajo ha destacado que "no es algo fácil" porque "es la primera vez" que se lleva a cabo un procedimiento de este tipo, y ha incidido en que aún "se tiene que concluir el proceso sobre algunos de los recursos interpuestos" ante la primera decisión.

En este sentido, aunque ha señalado que el Consejo está formado por tres funcionarios de Trabajo y dos personas expertas en la materia, Gómez ha reconocido que el "nivel de influencia" del Ministerio respecto al Consejo es "muy limitado", si bien ha incidido en que lo que se ha pretendido desde el Gobierno ha sido generar el "menor nivel de interferencia" posible.

"Lo importante es culminar bien este proceso, con pleno acuerdo de todos y con un nivel de transparencia suficiente con respecto al conjunto de decisiones de esta Comisión", ha subrayado. "A partir de ese momento, se constituiría el Consejo Estatal de Autónomos", ha precisado.

GÓMEZ CREE QUE LOS FUNCIONARIOS SON APRECIADOS.

En otro sentido, respecto a la consideración del presidente de la CEOE, Joan Rosell, de que para acabar con la crisis el Gobierno debe acabar con los funcionarios incompetentes, el ministro de Trabajo ha denunciado cierta "subcultura" creada al abrigo de la concepción de los funcionarios como personas "que con poco compromiso tienen trabajo", y ha defendido el papel de los mismos, puesto que para la sociedad "muchos son muy valorados, tal y como demuestran las encuestas".

"Si fijamos el foco en ámbitos como la sanidad, la educación o la administración de servicios, se constata que este tipo de servidores públicos son personas muy apreciadas", ha dicho, al tiempo que ha reclamado la existencia de "otra dimensión", mucho más positiva, en la consideración de trabajadores públicos.

Por otro lado, se ha referido al posible descubrimiento de nuevas deudas en las comunidades autónomas, y ha añadido que no es preocupante porque su endeudamiento no está a "un nivel comparable" con el tamaño de la deuda del conjunto del Estado y su volumen es "muy manejable". No obstante, en este sentido, ha advertido de que "no se pueden ocultar muchas cosas mucho tiempo".

De esta forma, preguntado por el descubrimiento de una nueva partida de 900 millones de euros de facturas impagadas en Castilla-La Mancha, donde hasta hoy se ha cuantificado deuda no declarada por valor de 2.606,7 millones de euros, el ministro de Trabajo ha afirmado que, de confirmarse, "sólo representaría una décima del Producto Interior Bruto (PIB)", por lo que ha considerado que todavía queda margen de maniobra.

"Hay un objetivo de gasto y de déficit para cada una de las comunidades autónomas y es muy importante que se cumpla el conjunto de los objetivos", ha dicho, al tiempo que ha advertido de que "no es conveniente de ninguna forma que este tipo de procesos se lleve de manera descontrolada". El objetivo, ha remarcado, es "que haya niveles de comprobación suficientes y un buen control e inversión de ese conjunto de cifras".

Sin embargo, Gómez ha apuntado que, en cualquier caso, si se siguen descubriendo impagos o déficit no declarado en los territorios autonómicos, tendría que ser el conjunto del Estado quien hiciera frente a esa situación. Si bien, respecto a esta posibilidad, el ministro ha vuelto a insistir en que "hay que tener presente que el déficit de las comunidades autónomas todavía es de un tamaño muy manejable".