En la jornada han participado diferentes expertos en la materia, entre ellos se encontraban el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, la interventora adjunta al interventor general de la Junta de Andalucía, Mª Teresa Arrieta Viñals, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, los copresidentes del REA+REGA, Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara Lara, el interventor del Estado, Ángel Turrión, el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Helio Robleda Cabezas, y el coordinador de la jornada y miembro del REA+REGA, Emilio Álvarez Pérez-Bedia.

En la conferencia inaugural, Ramón Álvarez de Miranda calificó de muy positiva y de un buen primer paso la iniciativa del nuevo portal de la Transparencia, en cuanto que constituye un instrumento de uso general en el que puede volcar toda la información.

Entre las conclusiones de la Jornada se ha destacado la "urgencia" de desarrollar el marco de colaboración entre los auditores privados y las Administraciones Públicas, para poder hacer realidad los niveles de transparencia que exige la normativa vigente, sin el cual no será posible alcanzar un control eficiente de la gestión de los fondos públicos en España, resaltando que el control de las subvenciones es una medida fundamental que permitirá analizar la legalidad y la regularidad de la actividad de la Administración, al tiempo que el control financiero de las mismas aportará mejoras a la gestión pública.

En cuanto a la lucha contra la corrupción y la colaboración con la Administración de la Justicia, se subrayó la conveniencia de que la actuación de la Fiscalía en la actividad fiscalizadora de los Órganos de Control Externo (OCEX) sea previa a la emisión por parte de éstos de sus informes con el objetivo de evitar posibles "diferencias de criterio". Según datos de los años 2012 y 2013, la intervención de la Fiscalía en la actividad fiscalizadora de los OCEX tuvo como resultado 245 Informe aprobados (151 sin responsabilidad y 94 con responsabilidad contable) en el año 2012, y 221 Informes aprobados (129 sin responsabilidad y 92 con responsabilidad contable) en el año 2013.

Debido, principalmente, a la falta de recursos con los que cuentan las Instituciones de Control Externo en España (ICEX) (Tribunal de Cuentas y OCEX), el papel del auditor privado se hace cada vez más necesario en aras de garantizar un adecuado control de la gestión de los fondos públicos.

Si bien, existen "puntos débiles "en la colaboración público-privada, debido esencialmente a las diferentes culturas de ambos sectores, sí hay que resaltar que cada vez es mayor el número de concursantes que se presentan en los procesos de contratación, síntoma claro del interés que está despertando esta colaboración público-privada.

Durante la clausura Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, señaló que habría que efectuar de forma urgente un mejor seguimiento de nuestras entidades locales basado fundamentalmente en la transparencia y en la claridad. A este respecto, en los últimos años se han producido importantes avances, tanto a nivel autonómico como estatal, como, por ejemplo, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que entró en vigor el pasado 10 de diciembre, aunque los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales aún disponen de otro año para adaptarse a las obligaciones contenidas en dicha ley.

Pese a esta moratoria, sorprende que, al entrar en las páginas webs de muchos de los grandes ayuntamientos, sigan sin poderse ver de forma clara y suficientemente desglosada sus ingresos y sus gastos, y que en las de las corporaciones municipales medianas o pequeñas ni siquiera consten, cuando lo lógico sería que, en todos los casos, dicha información apareciera de forma totalmente intuitiva y sin necesidad de clicar más de tres veces en la página de inicio de la web, en línea con lo que recomiendan muchos especialistas en esta materia.

Por tanto, quienes tomen las riendas de nuestros ayuntamientos tras las próximas elecciones deberán enfrentarse a este reto de manera inminente sin necesidad de esperar al plazo que permite la ley, ofreciendo a la ciudadanía toda la información económico-financiera de manera transparente, lo que ha de venir necesariamente acompañado de las mayores garantías de que esta información sea lo más correcta y fiable posible, y responde a los principios de eficiencia y eficacia.

Por su parte, Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara, copresidentes del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, manifestaron que "potenciar la práctica de la auditoría en el Sector Público redundaría en una mayor garantía de la transparencia en la gestión económica de este sector y contribuiría a mejorar la confianza de los ciudadanos". Así, y con este objetivo se ha firmado, aprovechando el marco de celebración de esta III Jornada, un Convenio de Colaboración con la Fundación FIASEP para promover la formación y la investigación en auditoría del Sector Público.