La herramienta tiene que ser regulada por ley orgánica, que el Ministerio quiere aprobar para que entre en vigor el año que viene, según ha anunciado en el Congreso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El asunto será discutido y votado en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Hacienda está recopilando los convenios pendientes de abonar hasta este año, en colaboración con al Federación Española de Municipios y Provincias. A falta de cierre, se calcula que son unos mil millones lo que las CCAA en su conjunto tienen pendiente de pago a los ayuntamientos por servicios sociales, de educación y de sanidad cuya prestación las autonomías han cedido a los municipios.

Los gobierno regionales deberán saldar su deuda o adherirse de forma voluntaria a este mecanismo, un fondo similar al FLA que va a crear el Estado prestar a las autonomías el dinero. Las que no salden sus deudas o no paguen en el futuro los convenios a los ayuntamientos, verán descontada esa cantidad de la financiación del Estado.

"Queremos un mecanismo que sirva para limpiar el stock de deuda pendiente con garantía de cobro hasta 2014. Una medida temporal y voluntaria para que cobren las entidades locales y para dar liquidez a las comunidades", ha explicado Beteta ante el Congreso, donde ha explicado los presupuestos de su departamento para 2015.

Consecuencia de la reforma local

La reforma de la administración local, que entró en vigor este año, obliga a las autonomías a asumir competencias en educación, sanidad y servicios sociales que venían prestando los ayuntamientos. Pero también les permite dejar que los municipios sigan encargándose de ellas, mediante la firma de un convenio y pagando el dinero correspondiente.

Este mecanismo, según ha dicho Beteta, quiere saldar las deudas existentes y asegurar que no vuelven a producirse, evitar los impagos entre administraciones y que los ayuntamientos pueden prestar correctamente los servicios. Según ha dicho, las deudas autonómicas les han obligado a contraer deudas con proveedores o a recurrir a los bancos para saldarlas.

El secretario de Estado ha explicado que se creará un "registro electrónico de convenios" entre comunidades y entidades locales; serán así además públicos para que todos los ciudadanos sepan quién presta los servicios, "cosa que ahora no saben". "Permitirá además el control y el seguimiento financiero de los mismos", ha agregado.