La consultora jurídica Gobercom ha desarrollado un servicio integral de cumplimiento normativo, o compliance penal, el primero diseñado exclusivamente para pymes en España a través de una plataforma digital, para evitar y minimizar el riesgo de que los empleados de estas empresas cometan delitos que puedan conllevar la responsabilidad penal de las organizaciones para las que trabajan.
La reforma del Código Penal español en 2010, que introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas, obliga a las pymes a implementar planes de cumplimiento normativo para evitar la comisión de hasta 22 distintos tipos de delitos que les pueden acarrear graves consecuencias legales y reputacionales.
El nuevo cambio regulatorio, aún en trámite parlamentario y que podría ver la luz definitivamente en los próximos meses, sanciona como delito a los administradores que no tengan implementado un sistema de prevención de delitos.
La nueva plataforma digital ofrece un servicio externo de auditoría que tiene en cuenta estos nuevos riesgos penales y ofrece soluciones eficaces y fáciles de aplicar a través del "Programa PYME". Este programa garantiza a las empresas la aplicación de un sencillo sistema de control que puede ser presentado ante las autoridades judiciales o administrativas, en el supuesto de ser requeridas, que puede eximirles de responsabilidad penal.
Este sistema de control, como comenta el director de la compañía Iñigo Gómez Berruezo, "realiza una evaluación continua de los riesgos delictuales de las pymes y les ofrece soluciones específicas, hechas a medida, independientemente del sector productivo al que pertenecen". Gómez Berruezo, abogado experto en compliance penal y defensa normativa con más de 20 años de experiencia profesional, asegura que "este nuevo escenario, que antes solo afectaba a las organizaciones multinacionales, va a concernir desde ahora a las pequeñas y medianas empresas y va a provocar una cadena de intervenciones judiciales, que puede causar graves perjuicios a quienes ignoren los riesgos delictuales que tiene su actividad y no tomen las medidas adecuadas para evitarlos".
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