El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, han presidido el acto de entrega de condecoraciones de los Ministerios del Interior, y de Empleo y Seguridad Social, a los funcionarios que han destacado en su labor en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, según un comunicado del Ministerio de Empleo.

En el acto, desarrollado en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, la ministra de Empleo ha subrayado que la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social permite que el mercado de trabajo en España funcione mejor, “sea más equilibrado y más justo”. “Y también contribuye a que nuestro Estado de Bienestar sea sostenible y viable, ahora y en el futuro”, ha remarcado.

Por ello el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2012 el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012-2013, un Plan estatal que ha permitido mejorar los instrumentos legales, los recursos humanos y los medios operativos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que por primera vez han superado los 1.000 efectivos con la incorporación de 150 nuevos inspectores de Trabajo y Seguridad Social y subinspectores de Empleo.

Balance del Plan

La ministra de Empleo y Seguridad Social ha avanzado los principales resultados de la evaluación del Plan, que se remitirá en breve al Congreso de los Diputados, previa consulta a los agentes sociales.

Así, ha explicado que el impacto económico global de las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en 2012, 2013 y hasta mayo de 2014 ha sido de 9.271 millones de euros. De ellos, 7.628 millones de euros corresponden al período 2012-2013, y 1.643 a los cinco primeros meses de 2014.

Desde 2012 y 2013 se han aflorado un total de 170.941 empleos irregulares, y las sanciones por infracciones en el ámbito de las empresas ficticias, empresas creadas con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, han alcanzado las 5.496, frente a las 683 del período 2010-2011, lo que supone un 704,69% más.

En 2012 y 2013 se han anulado 2.078 inscripciones de empresas ficticias, mientras que en el periodo de 2010 y 2011 fueron 619, lo que supone un incremento de un 236,24 % más. Por último, entre 2012 y 2013 se han logrado anular 78.056 altas ficticias o contratos de trabajo falsos.

Asimismo, la ministra ha explicado que entre enero de 2012 y junio de 2014, gracias a las actuaciones inspectoras, 95.491 contratos temporales celebrados en fraude de ley se transformaron en contratos indefinidos.

Asimismo, se ha incrementado la colaboración ciudadana y la concienciación social contra el fraude, con medidas como la puesta en marcha en la página web del Ministerio un “buzón electrónico contra el fraude laboral” en el que los ciudadanos conocedores de conductas fraudulentas pueden informar de ellas.

Hasta la fecha, la información facilitada a través de este canal ha permitido iniciar 4.359 actuaciones que han derivado en el afloramiento de 1.097 empleos y la tramitación de expedientes regulatorios por un importe total de más de un millón de euros.

Colaboración entre Empleo e Interior

Fátima Báñez y Jorge Fernández Díaz han subrayado la trascendencia del convenio de colaboración suscrito el 30 de abril de 2013 entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social para favorecer la coordinación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “como otra importante aportación en el combate de la crisis económica”.

A continuación, el ministro del Interior ha enumerado los siguientes datos que demuestran el éxito de esta herramienta contra el fraude: 4.450 personas y 451 empresas han sido investigadas; 2.811 delitos esclarecidos; 1.368 personas han sido detenidas; 333 personas han sido identificadas y liberadas de situaciones de explotación laboral, y se ha detectado un fraude aproximado de 43 millones de euros (35 a la Seguridad Social y 8 al Servicio Público de Empleo).

Las operaciones conjuntas realizadas han puesto de relieve delitos de corrupción, blanqueo de capitales y otros vinculados con la trata de seres humanos.