En concreto, en la Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se explica que la Intervención General de la Administración del Estado, como en años anteriores, "carece de efectivos suficientes" para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditorías previstas en ambos planes.

Por este motivo, y amparándose en razones "de eficiencia técnica y organizativa" para cumplir con los objetivos de ejecución de dichos planes y, sobre todo, en razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, Hacienda justifica la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.

La Ley General Presupuestaria establece la obligación por parte de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades estatales de derecho público, consorcios, fundaciones del sector público estatal, y sociedades mercantiles estatales, entre otras.

En caso de insuficiencia de medios, la normativa permite recabar la colaboración de empresas privadas para ejecutar el plan de auditorías, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Hacienda para ello.

En la Orden, el ministro autoriza a la IGAE, "dentro de sus disponibilidades presupuestarias", a recabar la colaboración de empresas privadas para realizar las auditorías de las cuentas anuales de los organismos y entidades antes citados y para la realización de controles de fondos comunitarios.

Asimismo, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con auditoras privadas por un plazo de vigencia superior a un año en aquellos trabajos de control o auditoría que tengan carácter periódico y recurrente.